Analista de política internacional
En días pasados, las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Israel, por un lado, y el grupo terrorista Hamás, por el otro, con la mediación de Catar y Egipto, para un cese al fuego se interrumpieron abruptamente luego de que los gobiernos del presidente Donald Trump y el del primer ministro Benjamin Netanyahu acusaran a Hamás de no actuar de buena fe.
Básicamente, Hamás planteó una gran cantidad de objeciones a la propuesta de dejar en libertad a los 50 secuestrados aún en su poder (20 de los cuales se considera que aún están vivos). Aparentemente, Hamás está renuente a entregar al resto de los secuestrados por temor a que Israel reanude con toda fuerza sus ataques contra el grupo terrorista. Las conversaciones se habían estancado en torno adónde se redesplegarían las tropas israelíes tras cualquier alto el fuego, concretamente si Israel mantendría el control de los corredores de Philadelphi y Netzarim, un punto de fricción que hasta el momento está resultando insalvable, ya que dichos corredores, el primero bordeando con Egipto, y el segundo cortando el territorio de Gaza transversalmente en dos, son fundamentales para el control de la Franja. Israel también se niega a poner fin a la guerra hasta que Hamás entregue el poder y se desarme, aunque Hamás ha indicado su disposición a negociar su dimisión bajo ciertas condiciones, entre ellas, la creación y reconocimiento de un Estado palestino. Hamás ha ofrecido liberar a todos los rehenes de una sola vez a cambio de que Israel acepte poner fin a la guerra de forma permanente, pero Netanyahu se ha negado, argumentando que ello dejaría a Hamás en el poder.
El problema de la hambruna en Gaza hoy tiene sus antecedentes desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, pero se agravó tras la caída del cese al fuego en marzo de este año. Tras el quiebre en las negociaciones, Israel lanzó una nueva ofensiva destinada a ocupar gran parte de la Franja para presionar a Hamás a que acepte las condiciones propuestas por Israel y Estados Unidos. Al mismo tiempo, y durante casi tres meses, Israel bloqueó la entrada de toda ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, lo cual contribuyó a la actual hambruna.
Posteriormente, Estados Unidos ayudó a Israel a establecer la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), diseñada para intentar excluir a Hamás del proceso de distribución de ayuda cuando Israel, finalmente, comenzó a permitir la entrada de alimentos y otros productos de alta necesidad a Gaza a finales de mayo. Sin embargo, el trabajo de la FHG se vio rápidamente criticado por informes casi diarios de tiroteos mortales contra palestinos que intentaban recoger cajas de comida. Además, FHG no rastrea quién recoge su ayuda, por lo que no hay forma de confirmar que los operativos de Hamás no se beneficien también de ella. En todo caso, la presencia de FHG no ha logrado paliar la crisis humanitaria provocada por la continuación parcial del bloqueo impuesto por Israel. La indignación mundial ha sido tan intensa que Israel decidió hacer una “pausa táctica” para facilitar la entrada de ayuda humanitaria.
Ante esta situación, y con la difusión de las desgarradoras imágenes de gazatíes, sobre todo niños y jóvenes, en estado de desnutrición, han ocurrido dos cambios de postura sin precedentes de actores estatales de gran influencia. Por un lado, aliados claves de Estados Unidos como Canadá, Francia y Reino Unido han anunciado que reconocerán a Palestina como Estado en setiembre, reconociendo a la Autoridad Palestina como único gobierno legítimo de los territorios palestinos, desmarcándose así de la posición estadouniense respecto al conflicto en Gaza. Asimismo, el propio presidente Donald Trump declaró que en Gaza existe una hambruna masiva y que Israel tiene una gran cuota de responsabilidad. El Gobierno estadounidense informó además que estarían abriendo centros de distribución de alimentos en el territorio gazatí.
Además, en un hecho sin precedentes, países árabes y musulmanes se han unido a actores occidentales haciendo por primera vez un llamamiento conjunto a Hamás para que se desarme y ceda el poder en la Franja de Gaza como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra en el territorio. La Liga Árabe, compuesta por 22 miembros, más la Unión Europea en su conjunto y otros 17 países respaldaron una declaración conteniendo el llamamiento, en el contexto de una conferencia de las Naciones Unidas.
Estos significativos cambios de postura parece indicar una decisión estratégica de eliminar a Hamás como actor político y militar, dejar como único actor gubernamental palestino a la Autoridad Palestina y presionar a Israel para lograr la solución de dos Estados, tal como establece la Resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1947.
La Crisis Humanitaria en Gaza: el Derecho Internacional y sus implicancias
A principios de marzo, cuando su alto el fuego con Hamás comenzaba a desmoronarse, Israel volvió a recurrir a una táctica que ya había empleado durante la guerra en Gaza: La imposición de un bloqueo total al territorio, incluyendo el corte del suministro de alimentos, medicamentos y combustible. El objetivo, según altos funcionarios del Gobierno de Israel, era hacer la vida insostenible a los más de dos millones de habitantes de Gaza para obligar a Hamás a aceptar las exigencias israelíes en las negociaciones para una prórroga del alto el fuego. En sus redes sociales, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, apoyó las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir respecto a la necesidad del bloqueo, y defendió la decisión del gobierno de detener completamente el flujo de ayuda humanitaria, calificándola de una forma de abrir las “puertas del infierno de la forma más rápida y letal posible”. Aproximadamente dos meses después del inicio del bloqueo, cuando el Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que los cierres de fronteras habían provocado el agotamiento de todas sus reservas de alimentos en Gaza, Moshe Saada, miembro de la Knesset (Parlamento de Israel) y del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que efectivamente, matar de hambre a los residentes de Gaza era una obligación como parte del esfuerzo de derrotar a Hamás.
En medio de una guerra que ha provocado la muerte de decenas de miles de civiles gazatíes por medio de bombardeos y ataques militares, los bloqueos constantes de Gaza por parte de Israel podrían parecer, en principio, un asunto de menor importancia. Sin embargo, la táctica, y en particular las justificaciones que han ofrecido los funcionarios israelíes para usarla, se han convertido en una prueba fundamental para el derecho internacional. En días recientes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzó a celebrar audiencias sobre el tema, tras una solicitud de la Asamblea General de la ONU para investigar si Israel violó la Carta de la ONU al bloquear a la UNRWA, la principal agencia de ayuda de la ONU en Gaza. Asimismo, en noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) ya emitió órdenes de arresto internacionales no solo contra los líderes de Hamás, sino también contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el caso de Hamás, los cargos de la CPI se relacionan con las atrocidades cometidas en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra civiles israelíes. Sin embargo, en el centro de los cargos contra Netanyahu y Gallant hay un crimen diferente, y rara vez invocado: el fiscal de la CPI, Karim Khan, los acusa de orquestar una política criminal de hambruna contra la población civil de Gaza.
En su clasificación de crímenes de guerra, el Estatuto de Roma, el tratado de 1998 que estableció la CPI, incluye en su Artículo 8(2)(b)(xxv) “utilizar intencionalmente la hambruna de civiles como método de guerra”, una táctica que puede implicar “obstaculizar deliberadamente el suministro de ayuda humanitaria”. Al declarar públicamente la intención de Israel de imponer un bloqueo total a Gaza y luego aplicar medidas que privan a los habitantes de Gaza de alimentos y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, según el fiscal de la CPI, Netanyahu y Gallant cometieron el crimen de guerra de hambruna. Es la primera vez en la historia que un tribunal importante centra un procesamiento por crímenes de guerra en este cargo en particular, por lo que sentaría un precedente jurídico si efectivamente Netanyahu y Gallant fueran a juicio.
Sin embargo, el fiscal Khan se encuentra ante dos desafíos importantes. El primero radica en el hecho de que Israel no forma parte del Estatuto de Roma, por lo que la CPI no tiene jurisdicción en dicho país, impidiéndose así el arresto de los acusados. Pero, al mismo tiempo, Palestina sí es parte del Estatuto de Roma, por lo que la CPI tiene jurisdicción sobre supuestos crímenes de guerra o de lesa humanidad que fueran perpetrados en los territorios palestinos, con lo cual el primer desafío queda parcialmente superado. El segundo desafío consiste en la necesidad de probar la intención de causar hambruna, algo en teoría muy difícil de acometer. Sin embargo, las declaraciones de líderes políticos de Israel ya mencionadas contribuirían de manera significativa a poder probar que la hambruna fue intencional.
A través de la indignación mundial por los reportes e imágenes que se han publicado, la catastrófica situación humanitaria en Gaza ha causado cambios en las posturas políticas de importantes actores estatales respecto a la guerra, que presionan tanto a Israel como a Hamás, lo cual podría conllevar finalmente la pérdida del poder de Hamás y su desame, y contribuir a la Solución de Dos Estados, más allá de las reticencias del gobierno de Israel por su potencial afectación a la seguridad del país. Independientemente del análisis político y jurídico, la hambruna del pueblo de Gaza es inaceptable, y requiere soluciones inmediatas y duraderas.
