El tan comentado caso del senador colorado cartista Hernán Rivas vuelve a poner en tela de juicio la institucionalidad de la República. La Fiscalía presentó acusación y solicitó juicio oral y público contra el legislador por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Según el Ministerio Público, Rivas se valió de un certificado y un título falsos, ya que no cursó la carrera de Derecho, y con ello juró ante la Corte como abogado, logró su matrícula, y llegó a fungir como “juez de jueces”.
Hace unos meses, en la misa del segundo domingo de Cuaresma, en la Catedral Metropolitana, el cardenal Adalberto Martínez se había dirigido a los católicos que ocupan cargos de responsabilidad pública para instarles a actuar con “rectitud y ser “testigos del Evangelio en estos ámbitos de trabajo’’ y denunció también una ‘‘profunda crisis moral’’ en el Paraguay.
En estos días precisamente nos encontramos en una situación en la que es válida la reflexión sobre el valor que tiene para nosotros el sistema democrático. El motivo de esta consideración es el caso del senador colorado Hernán Rivas, actualmente acusado por la Fiscalía por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso documentos públicos de contenido falso, un caso que deberá enfrentar juicio oral y público.
Por más de veinte días, desde el 10 de julio de 2023 hasta el 1 de agosto de ese año, el senador cartista Hernán Rivas presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un órgano extrapoder encargado de analizar, enjuiciar y castigar a jueces y fiscales, responsabilidad que el legislador la habría asumido con un título falso de abogado, señala la acusación de la Fiscalía.
Dice el Ministerio Público que el título de abogado de Hernán Rivas, expedido por la Universidad Sudamericana el 6 de marzo de 2020, y registrado el 9 de junio de ese mismo año, “es de contenido falso, por no haber cursado las materias pertenecientes a la malla curricular de la carrera de Derecho”. Pese a ello, obtuvo el título habilitante de abogado y lo utilizó en varias ocasiones.
La primera cuando remitió junto con un certificado de estudios al Ministerio de Educación, el 9 de junio de 2020 para su registro, procedimiento que posteriormente habilitó la obtención de la matrícula profesional, otorgada por la Corte Suprema de Justicia, proceso efectuado luego de volver a presentar el título y certificado de estudios. El 7 de julio de 2021 juró como abogado; sin embargo, previo a este trámite, el título fue utilizado el 9 de junio de 2020, hizo el juramento ante la Cámara de Diputados para ocupar el puesto de miembro ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en representación de Diputados. Y, finalmente, lo usó el 6 de julio de 2023 como representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado.
En julio del 2023, el Colegio de Abogados rechazó la designación del senador Hernán Rivas al frente del JEM, considerándolo sin “idoneidades técnicas y éticas” e incapaz. Para los abogados, lejos de enmarcarse en el esquema de valores y principios que definen a una democracia constitucional, constituye una nueva afrenta a la institucionalidad y a la ciudadanía.
Hernán Rivas ha contado con la reiterada complicidad de sus colegas, primero diputados y actualmente senadores. En un primer momento, lo eligieron como su representante ante el Jurado de Enjuiciamiento. Más tarde, cuando surgieron denuncias sobre la falsedad de su título de abogado, optaron por guardar silencio y lo sostuvieron en su cargo dentro de la Cámara.
De la misma forma, el senador tiene vínculos con un entorno político-económico, en el que se puede mencionar al senador Erico Galeano, imputado por asociación criminal y lavado de dinero. Durante la campaña para las elecciones generales, Rivas utilizaba la avioneta de Erico, que a su vez fue usada como transporte de los presuntos narcotraficantes como Sebastián Marset y el clan Insfrán. (ÚH. Julio 12, 2023).
Los paraguayos debemos defender nuestra democracia con tanto sacrificio ganada y proteger la institucionalidad y el Estado de derecho, que hacen posible que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y puedan vivir con dignidad.
