La agente fiscal Lourdes Bobadilla, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, y el fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, imputaron a cinco personas por producción de documentos no auténticos, cohecho pasivo agravado y otros hechos punibles. También se realizaron dos allanamientos en la fecha.
El caso guarda relación con la primera detención de Walter José Galindo en el 2021, donde fue detenido con 1,5 kilo de cocaína, armas de fuego e inclusive un arma policial, según el informe policial. Sin embargo, solo estuvo preso 14 días y fue sobreseído.
Un auxiliar fiscal, de nombre Alcides Ariel Burgo Paredes, fue detenido posteriormente por presuntamente haber cambiado la cocaína por harina.
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Galindo volvió a ser detenido el pasado marzo como presunto líder narco en el caso Mercat, junto a varios estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), acusados de mover 40 kilos de cocaína semanales en el Departamento Central.
En prosecución a esta nueva investigación se allanó este martes un estudio jurídico y se procedió a la imputación de los abogados Gilberto Rojas y Rossana Palazzuelos por producción de documentos no auténticos en calidad de uso y también por soborno agravado.
También fueron procesadas Ana Stael Alfonso, médica forense del Poder Judicial; Celia Romina Alfonso, quien se desempeña como ginecobstetra, y Sixto Ramón Cabrera, funcionario del Departamento Judicial de la Policía Nacional, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, expedición de certificado médico falso y cohecho pasivo agravado.
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En el caso de estos últimos, fueron imputados por presuntamente fraguar los informes médicos de Walter José Galindo para dilatar el proceso judicial y obtener medidas alternativas en el proceso, en el cual fue finalmente sobreseído.
La ginecobstetra de apellido Alfonso habría recibido una suma de dinero a cambio de emitir un certificado médico el 4 de abril de 2021, en el que dejaba constancia de los supuestos padecimientos de Galindo, con membrete del Hospital Nacional de Itauguá.
Los fiscales señalan que Galindo no acudió al centro asistencial y la profesional tampoco podía expedir dicho certificado por su especialidad.
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El funcionario del Departamento Judicial de la Policía Nacional, identificado como Sixto Cabrera, también habría recibido dinero para redactar y suscribir un informe el 19 de mayo de 2021, en el que dejaba constancia de que Galindo supuestamente presentó problemas de salud y fue derivado al Hospital de Barrio Obrero, el 23 de mayo de 2021.
El informe fue utilizado por la defensa de Galindo para fundamentar la solicitud de revisión de medidas cautelares.
La forense del Poder Judicial por su parte elaboró dos informes, uno del 27 de mayo de 2021, donde dejaba constancia de que se constituyó en el Departamento de Judiciales para evaluar al procesado e indicó que la reclusión de Galindo no era apta para el paciente por supuestas comorbilidades.
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El documento fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Lambaré, a través del cual los abogados lograron obtener medidas sustitutivas, en el marco de la causa 1062/21.
Posteriormente, habría elaborado otro informe exponiendo nuevamente las supuestas afecciones de Walter Galindo, en fecha 24 de junio de 2021, constituyéndose hasta su domicilio para examinarlo.
Los abogados Rojas y Palazzuelos habrían abonado por su parte las sumas de dinero para la elaboración de los certificados médicos, que fueron utilizados en las audiencias de revisión de medidas.
Nueva detención en caso Mercat
Walter José Galindo Domínguez fue detenido recientemente en el caso Mercat como presunto líder de un grupo de universitarios que operaba en el Departamento Central y presuntamente comercializaba entre 30 y 40 kilos de cocaína de forma mensual.
Según la investigación, el grupo no solo distribuía cocaína, sino también marihuana y pastillas sintéticas.
El presunto líder de la organización habría operado de manera continua, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 2022, incluso en el tiempo que estuvo privado de su libertad, desde el 13 de mayo hasta el 31 de mayo del año pasado, transcurso en el cual habría coordinado la adquisición, entrega y distribución de las drogas con sus principales colaboradores.
