Los fiscales que investigan el asesinato de María Ramona Cardozo, quien se encontraba embarazada, anunciaron la imputación por feminicidio y aborto contra la pareja de la mujer, Víctor Cantero, quien se encuentra recluido en el penal de Emboscada y ya fue procesado por el hecho de abuso sexual hacia personas indefensas, atendiendo a que la mujer presentaba un tipo de discapacidad, informó NPY.
Los agentes señalaron que el procesado se abstuvo de declarar en estos días, mientras que hasta ahora no tienen ningún elemento que haga sospechar que hubo participación de otras personas.
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Los médicos forenses confirmaron que los restos óseos encontrados en el cerro de Caacupé pertenecen a María Ramona Cardozo, la mujer embarazada que desapareció el 1 de julio en Altos. La hermana alegó que el principal sospechoso buscaba “librarse de una carga”.
🔴 Sospechoso de crimen de María Ramona sería imputado por feminicidio y aborto
— NPY Oficial (@npyoficial) August 4, 2023
🔺 La Fiscalía se refiere a las muertes de la mujer y del bebé en gestación, provocadas presuntamente por Víctor Cantero, expareja de Ramona.
🔺 De momento, se descarta la implicancia de otras… pic.twitter.com/GKHwSindwH
“Yo creo que ella le empezó a presionar a él y ahí él tuvo que optar por la forma que le hizo a mi hermana. Le mató también a la criatura como para librarse de una carga”, sostuvo Blanca Cardozo.
El fiscal Gedeón Escobar manifestó que tienen seis meses para investigar el hecho, como también ampliar la imputación en caso de que hayan participado terceras personas. El detenido era un funcionario policial y prestaba servicios en la Comisaría 31 de San Lorenzo, pero frecuentaba a la mujer en la ciudad de Altos.
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Los investigadores mencionaron que se tienen varios elementos, como una fotografía tomada a ambos, la declaración del taxista que los llevó hasta el cerro, además de la georreferencia de la ubicación de los celulares, entre otros testimonios.
El hombre se expone a 30 años por la carátula de feminicidio, además de 8 años de agravante por el ilícito de aborto. Es decir, la pena máxima establecida en el Código Penal, que es de 30 años, con la posibilidad de otras medidas restrictivas de seguridad que pueden elevar la privación de libertad.
Para los agentes, el caso se subsume en las conductas de feminicidio y aborto, ya que no se encontró el feto y se presume que se interrumpió el embarazo. Además, se toma que al quitarle la vida a la madre también se interrumpió la vida del bebé.
La semana pasada se produjo el macabro hallazgo de los restos óseos quemados y descuartizados de la mujer, tras un intenso rastrillaje con bomberos y canes especializados, en el cerro Cristo Rey.
