04 sept. 2025

Caso María Fernanda: Rechazan cambio de calificación para farmacéutico imputado

El dueño de la farmacia de donde se habría adquirido el fármaco para obligarle a María Fernanda a abortar pidió cambio de calificación de los hechos por los que fue imputado. El juez dijo que el pedido es “improcedente”. El hombre habría reseteado los videos de circuito cerrado en los días antes del crimen.

María Fernanda.jpg

El cuerpo de María Fernanda fue encontrado en un patio baldío semicalcinado.

Foto: Redes sociales

El juez Rodney Gustavo Ovelar no hizo lugar al pedido de cambio de calificación que solicitó el farmacéutico imputado en la causa del crimen de María Fernanda (17) en Coronel Oviedo, de cuya farmacia se habría comprado el fármaco para provocar un aborto a la adolescente asesinada.

Franco Antonio Acosta está imputado por los hechos de frustración de la persecución y ejecución penal y aborto en grado de tentativa, quien pidió hacer el cambio de calificación.

Su abogada Ada Céspedes sostuvo que la geolocalización de los celulares de los imputados demuestra que el hombre “no se encontraba en el lugar de los hechos ni cerca en el momento del crimen, ni los días anteriores o posteriores, ni en la misma ubicación del principal sospechoso de haber cometido el feminicidio”.

“Es más, ni siquiera se encontraba en la ciudad en fecha 27 de mayo del corriente, día en que se presume sucedió el crimen”, explicó.

Ver más: Crimen de María Fernanda: Suman a otro detenido y formulan nueva imputación

Sin embargo, el juez Ovelar expuso que “no existen elementos contundentes que pudiera demostrar una conducta diferente del indiciado Franco Antonio Acosta Céspedes, que pudiera enervar su responsabilidad primaria en el hecho investigado”.

Finalmente, consideró que el cambio de calificación solicitado “deviene improcedente” y resolvió rechazar el pedido.

¿Qué se sospecha?

Franco Antonio Acosta había sido detenido a principios del mes de junio como presunto cómplice del intento de aborto, luego de que se tuviera la información de que en su farmacia se había comprado el fármaco abortivo por parte del adolescente, principal sospechoso de haber acabado con la vida de María Fernanda.

Según había relatado el fiscal Fermín Segovia, el imputado, dueño de la Farmacia Antonio Fabián, solicitó a un técnico de forma urgente, el jueves 29 de mayo, con instrucciones para borrar el circuito cerrado del local y logró resetear el aparato.

Ver también: Organizaciones piden justicia por María Fernanda Benítez

Al día siguiente, el viernes 30 de mayo, fue allanada la farmacia e incautaron el DVR, pero Acosta no comunicó a las autoridades que reseteó los videos de seguridad.

María Fernanda fue hallada sin vida y quemada en un patio baldío el último día del mes de mayo pasado. El presunto autor del crimen sería su ex pareja, quien le habría asesinado luego de enterarse de que la joven estaba embarazada y al parecer le habría obligado a abortar, hecho que no se concretó.

Más contenido de esta sección
Para el 12 y 13 de agosto debe comparecer el ex intendente de Lambaré y otros acusados por el supuesto millonario desvío a la Comuna lambareña. La Fiscalía acusa de la existencia de un “esquema criminal”.
La defensa de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, principal acusado en el caso A Ultranza Paraguay, solicitó al Tribunal de Sentencia que lo juzga que ordene de manera urgente la intervención de un médico forense, a fin de inspeccionarlo, ya que ha presentado reiterados vómitos con sangre.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible un recurso de apelación promovido contra el rechazo de la recusación del Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo. Con ello, destrabó la causa que ya lleva 18 años, contra el médico Álder Augusto Mendoza, procesado la muerte por supuesta negligencia de la joven Liz Romina Zárate Licitra (17), en marzo del 2007.
Samuel González Valdez, ex intendente de Arroyito, Concepción, ya cumple con su condena de 5 años de cárcel. El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, determinó el cómputo definitivo de la pena. Fue sentenciado por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, con un perjuicio patrimonial de G. 722.600.000.
El representante de la previsional, José González, dijo que las fotos publicadas datan de años anteriores, cuando él aún no era director jurídico del IPS. Sostuvo que ahora está acompañando denuncias de víctimas en contra del esquema.
Funcionarios de la Dinac y empleados de aeropuertos se confabularon para plantar droga en una maleta que iba a España, según determinó un tribunal que ahora los sentenció. La Fiscalía demostró la participación de los acusados.