19 abr. 2024

Caso abuso: MEC priorizará formación de comisión de padres en colegio

La directora general de Desarrollo Educativo del MEC, Zulma Morales, quien lidera la intervención al colegio de Lambaré donde se produjo un caso de abuso sexual a un niño, dijo que los padres no podían acceder a la institución educativa.

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Los padres siguen en vigilia tras el caso de abuso en la institución.

Foto: Rodrigo Villamayor.

La intervención del Ministerio de Educación (MEC) al colegio privado de Lambaré, donde se registró un caso de abuso sexual, se inicia este lunes. Por esa razón, la cartera educativa dispuso que por un plazo de dos semanas solo se desarrollen clases virtuales en el nivel inicial.

“La institución hoy no cuenta con directora, tenemos una línea firme que cumplir para que todos puedan seguir estudiando. La opción que hoy tenemos es la modalidad virtual”, dijo la funcionaria en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Por otro lado, la directora de Desarrollo Educativo del MEC informó que el colegio no propiciaba espacios para que se cuente con una comisión de padres.

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“Ellos no cuentan con una comisión de padres establecida por una normativa o un estatuto institucional. Uno de los puntos que será de prioridad es establecer esos espacios donde los padres puedan tener la oportunidad y el derecho de velar por los intereses de los alumnos”, explicó.

Zulma Morales comentó que con la intervención se busca restablecer la tranquilidad de los estudiantes de la institución para el desarrollo de las actividades educativas.

Una jueza dictó la prisión preventiva para la directora, docente y coordinadora del colegio privado de Lambaré, donde un niño fue víctima de abuso sexual.

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Las tres docentes ya fueron imputadas por el hecho punible de violación del deber del cuidado. Mientras que la directora también fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/ 2019.

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ordenaron la intervención del colegio y se estableció un plazo de 10 días hábiles prorrogables para la conclusión de la intervención.

Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.

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