El coordinador de seguimiento y operaciones de la Gerencia General de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Carlos Oviedo, recordó ayer que los empleados de la función pública, es decir, los anteriormente conocidos como contratados, comenzarán a aportar al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o Caja Fiscal a partir del 1 de julio próximo.
El aporte se realizará a través del descuento automático, bajo las mismas condiciones que rigen para los nombrados.
A partir de esto, quienes hayan activado su registro único del contribuyente (RUC) y comenzaron a obligar el impuesto al valor agregado (IVA) para prestar servicios al Estado, deberán dar de baja dicho registro. En caso de rendir el impuesto a la renta personal (IRP) u otro, deberán realizar la actualización de sus datos.
Según detalló Oviedo, actualmente la DNIT registra un total de 38.643 contratados con IVA activo, de los cuales 10.917 cuentan con obligación de IRP, por lo que se estima que 27.726 contribuyentes podrían acceder a la cancelación de su RUC.
“Tenemos una cantidad estimada, no todos tienen que dar de baja. Si algún contratado tiene otra actividad gravada, no tiene que cancelar el RUC. (Los) contratados con IVA, pero sin IRP, podrían ser sujetos de la cancelación del RUC, siempre y cuando no realicen otra actividad gravada por el IVA u otro impuesto”, afirmó en contacto con ÚH.
Aclaró también que la incorporación de estos empleados públicos al sistema previsional público no implica una cancelación masiva ni actualización automática, sino que debe concretarse únicamente a petición del contribuyente y tras un análisis por parte de la DNIT.
“La solicitud tiene que reunir una serie de requisitos. En líneas generales, el contribuyente debe estar al día con sus obligaciones tributarias. Luego de un análisis de correspondencia, se podría dar la cancelación”, apuntó.
“No es una baja automática ni masiva. Cada institución debe coordinar a nivel interno el ingreso de sus contratados en la Caja Fiscal y realizar las comunicaciones correspondientes”, explicó a su vez.
La cancelación del RUC está exclusivamente dirigida para aquellas personas que fueron inscritas para facturar servicios personales o profesionales a una institución pública, pero ahora pasarán a estar comprendidas dentro de una relación de dependencia con el aporte jubilatorio.
Por su lado, aquellas personas que realizan actividades comerciales en simultáneo a su rol de empleadas públicas o ya están liquidando su IRP, debido a que perciben un ingreso superior a los G. 80 millones anuales, solo podrán realizar la actualización.
Una tercera alternativa por la cual podrían optar los trabajadores es la suspensión temporal del RUC, en el caso de tener previsto iniciar alguna actividad comercial o externa en la brevedad.
Según detalló Oviedo, para cada caso, el proceso se realiza a través del Sistema Marangatu, utilizando la clave de acceso confidencial, mediante formularios que fueron puestos a disposición de los contribuyentes.
Además, se trata de un trámite completamente gratuito y no se requiere de la presencia física del solicitante en las instalaciones de la DNIT.
Si bien aclaró que aún se debe ver caso por caso, la entidad recaudadora estima que las cancelaciones del RUC podrían tener un impacto de USD 7 millones que se dejarían de recaudar.
Estos cambios se dan en el marco del Decreto 5929/2026, que reglamenta el artículo 84 de la Ley 7445/2025, “de la Función Pública y del Servicio Civil’’, y dispone que la integración efectiva de los trabajadores al sistema será a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal.
En esta primera etapa, serán incluidos los empleados que componen el ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que los contratados de los demás poderes del Estado se incorporarán progresivamente, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028, según había informado previamente el Ministerio de Economía.
En caso de que los contratados pasen a ser funcionarios oficiales mediante concurso, sus aportes serán computados desde su ingreso al sistema previsional como contratados.
73.080
es la cantidad total de jubilados de la Caja Fiscal, al cierre de mayo, según los datos del MEF.
