La jueza Penal de Garantías Letizia Paredes elevó a juicio oral y público la causa en la que están inmersos Lucio Romero y Nery Franco, los caseros del diputado Tomás Rivas. Con esta decisión, el mencionado parlamentario colorado también va camino a sentarse en el banquillo, ya que está acusado en la misma causa y actualmente se encuentra sin fueros y, por ende, la justicia lo tiene en sus manos.
En la mañana de ayer se realizó la audiencia preliminar donde también debió estar otro de los caseros implicados, Reinaldo Chaparro, quien mandó suspender la providencia, ya que a su abogado le coincidía otra diligencia, por lo que la magistrada lo convocó nuevamente para el 5 de julio próximo.
Los nombrados fueron acusados por estafa y cobro indebido de honorarios, donde también está procesado el diputado Rivas, por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Romero, Franco y Chaparro ya fueron acusados el 16 de noviembre del 2018 por la fiscala anticorrupción de aquel entonces, Yolanda Portillo, quien pidió el juicio oral.
La investigación fiscal concluyó que los tres cobraron sueldos como funcionarios de la Cámara Baja, a pesar de no haber prestado tarea alguna a la institución.
La causa penal se abrió luego de las publicaciones de Última Hora que revelaron que el legislador colorado de Paraguarí hizo figurar a empleados particulares suyos como funcionarios del Congreso. En realidad, Chaparro era casero de la casa del parlamentario en Lambaré, Romero trabajaba en la estancia de la familia del legislador, ubicada entre los distritos de Mbuyapey y María Antonia (en Paraguarí), y Franco era empleado de un comercio familiar de Rivas en el centro de Ybycuí.
La acusación fiscal se sustenta en el registro de ubicación de las llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas en sus legajos ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.
El informe técnico advierte que en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera en el microcentro asunceno, durante los días en que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017.
El actual fiscal de la causa, Luis Piñánez, mencionó que la defensa había solicitado el sobreseimiento para los dos que se presentaron ayer; sin embargo, dicho incidente fue rechazado.
Actualmente se espera que el diputado Rivas sea nuevamente llamado para la imposición de medidas ante el juzgado pertinente.
Dicha imposición se había suspendido ya que la defensa había pedido la nulidad de la imputación, pero el mencionado incidente también se rechazó.
Piñánez mencionó que solicitaron cuatro meses más para presentar el acto conclusivo. El agente del Ministerio Público manifestó que la defensa seguro que apelará la imputación y podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, todo como acto dilatorio como viene actuando la defensa del legislador.
