22 may. 2024

Cartistas podrían condenar al país ante la Corte IDH por el caso Kattya

A juzgar por las últimas resoluciones de la Corte Interamericana en casos similares, Paraguay estaría condenado nuevamente a pagar sumas siderales debido al golpe cartista en el Legislativo.

Pérdida de investidura Kattya

De nuevo. Cartistas y sus satélites durante la votación para destituir a Kattya González.

Foto: Archivo-ÚH

Una nueva crisis político-jurídica que está en puertas tras la expulsión de la senadora opositora Kattya González, del Congreso Nacional. Las consecuencias serían impredecibles, en caso de que ella decida acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tal como lo anunció.

Expertos en la materia, como la abogada especialista en DDHH Alejandra Peralta, mencionó que la ex legisladora puede recurrir al sistema interamericano y que de darse esa situación, nuestro país podría ser nuevamente condenado, como ya pasó en casos anteriores.

“Tanto el juicio político como la pérdida de investidura son mecanismos de control constitucional para juzgar a ciertas autoridades por mal desempeño con base en las causales establecidas en la CN. Y eventualmente removerlas del cargo si se prueban fehacientemente dichas causales. Al ser procesos en virtud de los cuales se decide sobre derechos y responsabilidades de otra persona deben obligatoriamente respetar las garantías de un “debido proceso” consagradas en el art. 16 de la CN y 8.1 de la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, explicó.

Indicó que entre dichas garantías mínimas se encuentran el derecho a ser oídos, el derecho a contar con un “juez o tribunal”, entiéndase cualquier autoridad encargada de decidir sobre esos derechos competente, independiente e imparcial, y contar con un plazo razonable que comprende tanto plazos mínimos para preparar la defensa como plazos máximos para evitar dilaciones innecesarias, situaciones que no se cumplieron en el caso de Kattya González.

“En caso de que dichas garantías no sean respetadas, existen recursos disponibles para hacer posible el derecho a la protección judicial contra actos arbitrarios (art. 25 de la CADH) en este caso, la inconstitucionalidad. Con respecto a la inmunidad parlamentaria, esta figura fue abordada por primera vez por la Corte IDH en el 2021 en el Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil, en el cual sostuvo que la inmunidad parlamentaria ha sido ideada como una garantía de independencia del órgano legislativo en su conjunto y de sus miembros, y que no puede concebirse como un privilegio personal del parlamentario. Bajo ninguna circunstancia podría transformarse en un mecanismo de impunidad, cuestión que, de suceder, erosionaría el Estado de derecho, sería contrario a la igualdad ante la ley y haría ilusorio el acceso a la Justicia de las personas afectadas”, sostuvo. Agregó que “por lo tanto, sostener que el juicio político por ser político y no judicial no está sujeto al respeto a las garantías del debido proceso es ir a contramano con los estándares interamericanos de protección de derechos humanos; recordemos que Paraguay ya fue declarado culpable en el caso Bonifacio Ríos y otro, y condenado a una indemnización de 820.000 dólares”.

La ahora ex senadora opositora Kattya González anunció que de ninguna manera se quedará de brazos cruzados ni dejará que el proyecto cartista se consolide, tras haber sido expulsada del Congreso, y anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ante instancias internacionales con el fin de dejar en evidencia la forma burda en que los colorados oficialistas junto a sus satélites lograron sacarla.

Centro de Estudiantes de la UCA rechaza lo sucedido

Siguen las voces de protesta en contra de lo acontecido en el Senado el pasado miércoles tras la expulsión de Kattya González.

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica (CEDUC) expresó su rechazo al proceso de pérdida de investidura de la senadora Kattya González por considerarlo arbitrario y contrario al espíritu de la Constitución Nacional.

Comunicado mediante, mencionaron que no se cumplieron las garantías constitucionales para un juicio político.

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