La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que amplía y modifica parcialmente dos artículos de la "Ley que Reglamenta la Información de Carácter Privado (Ley de Informconf)". Uno de los puntos prohíbe que los datos financieros de las personas sean vinculantes para acceder a un trabajo.
El grupo de ciudadanos que llevó adelante durante este último tramo del año una serie de manifestaciones en contra de legisladores acusados de corrupción cerró el 2018 pidiendo la pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo y la renuncia de Miguel Cuevas de la Presidencia de la Cámara Baja.
Diputados decidieron rechazar el pedido de juicio político a los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en una sorpresiva sesión extra realizada este miércoles. El proyecto, de esta manera, pasa al archivo.
Pese a estar imputados por hechos de corrupción, ambos diputados se salvaron de perder su investidura en connivencia con sus colegas. Pese a reclamo ciudadano, no hay castigo político.
Un grupo de personas marchó este miércoles por la ciudad de Asunción contra la impunidad y los políticos corruptos. Los manifestantes portaron todo tipo de carteles contra los legisladores, el sistema judicial y la Fiscalía.
Legisladores tienen vigente un seguro vip que cubre hasta arreglos estéticos, mientras que el Ministerio de Salud tiene apenas para solucionar problemas dentales básicos de toda la población.
El seguro odontológico contratado por la Cámara de Diputados se convierte en gasto superfluo si se consideramos que algunos legisladores dicen haber ido solo una, dos o tres veces desde que se suscribió el millonario contrato, a finales del 2016 y tuvo vigencia el 1 de enero del 2017.
La Cámara Baja firmó un contrato que cubre el 2017 y 2018. Los legisladores tienen, además, el seguro médico privado y vales de combustible. Ante presión ciudadana, el primero sería topeado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, fue el blanco de otro escrache, realizado en la noche de este miércoles, luego de la aprobación de un nuevo proyecto de ley sobre la pérdida de investidura.
La Cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto de ley sobre la pérdida de investidura que descarta la intervención de la Justicia Electoral como órgano juzgador, pero establece la necesidad de contar con una mayoría absoluta de votos para expulsar a un legislador.
