El proceso de regularización de tierras públicas es un proceso difícil que conlleva un gran esfuerzo. Según las palabras de Cárdenas, es necesario cerrar este capítulo mediante la acción de una cumbre de poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- para seguir con los siguientes aspectos de la reforma agraria como transferencia de conocimiento, tecnología, acceso a servicios básicos, entre otros.
En comunicación con Radio Monumental, recordó el caso de la colonia Santa Lucía, donde la familia Coronel González ocupa irregularmente 300 hectáreas, de las cuales ya obtuvo los títulos sobre 50. El instituto rural accionó para recuperar las 250 que aún están en proceso de titulación, pero en menos de un mes los usurpadores presentaron 18 recusaciones contra jueces y fiscales, dilatando el proceso.
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Sobre el caso de Guahory, departamento de Caaguazú, insistió en que se puede revertir judicialmente, ya no administrativamente, porque los títulos ya fueron entregados a los colonos brasileños y, por ende, Registros Públicos rechazaría el pedido. Mencionó que se podría actuar mediante la Contraloría General de la República o mediante la creación de una ley especial. “Si se consensúa con los poderes, se pueden recuperar las tierras”, insistió.
En el lugar se declaró una tregua de 20 días entre los brasileños y campesinos que habían protagonizado enfrentamientos por la disputa de las tierras. Al respecto, Cárdenas mencionó que se trata de una “viejísima” práctica donde había tres actores: un paraguayo que vende sus tierras ilegalmente, un avivado que quiere apropiarse de ellas y un escribano que registra la transacción irregular.
