Entre el algo y la nada. A sus 30 años, Valeriano Duarte es uno de los tantos habitantes de pueblos indígenas que llegó a la ciudad, dejando atrás el territorio ocupado por sus abuelos y padres en el Departamento de Canindeyú.
“Las tierras que estaban cerca de nuestro territorio eran alquiladas a los brasileños para plantar soja. Fumigaban sobre nosotros”, relata.
Padre de cuatro hijos, artesano y estudiante del primer año de Derecho, hace dos años es líder de la comunidad Tarumandymi, que empezó a recibir a sus primeros habitantes en el 2008 y terminó de establecerse en el 2012.
En dicha comunidad, ubicada en Luque, viven 86 familias que totalizan alrededor de 500 personas. En ella no solo están los que llegaron de Canindeyú, también de otros departamentos.
Relata que el avance de la soja con niveles de agrotóxicos, los desalojos con base a cuestionados títulos de propiedad son una parte de las razones que han expulsado a muchos indígenas del campo a las ciudades.
También denuncian que han padecido amedrentamientos, las escasas o nulas posibilidades de acceder a servicios básicos u oportunidades de desarrollo, sobre todo para jóvenes, han causado la constante migración.
Expulsados de sus territorios, algunos han encontrado su nuevo espacio en las comunidades o grupos formados en cercanías de las zonas urbanas de Asunción, Central, Encarnación y alrededores, al igual que en Ciudad del Este.
Otros en cambio no han tenido más opciones que deambular por las calles, a merced del peligro, la drogadicción, la mendicidad, maltratos, prostitución y condiciones indignas de vida.
En ambos lados de esta realidad urbana de los habitantes tienen un hecho en común: La necesidad de una mayor presencia del Estado.
UBICADOS. El líder de Tarumandymi detalla que los niños de la comunidad tienen su propia escuela y son beneficiarios del programa Hambre Cero y reciben víveres de parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia cada dos semanas.
Desde enero de este año ya cuentan con agua potable y hace un mes las familias tienen medidor para la energía eléctrica. Según relata el líder de la comunidad, llevarán adelante gestiones para que con intermediación del INDI, puedan obtener una tarifa social con la ANDE por familia. Ese trámite lo realizaron con el del agua.
Las USF o puestos de salud cercanos a Tarumandymi permiten el acceso a este derecho. En caso de que el cuadro clínico sea más complejo, son derivados al Hospital General de Luque, distante a media hora en vehículo.
Los habitantes de la comunidad también disponen de un camino de todo tiempo, lo que representa también una ventaja. Sin embargo, todavía quedan varias tareas pendientes de parte del Estado.
“Hace falta una mayor apuesta del Estado para el desarrollo de las comunidades. Maquinarias, herramientas. También cursos de capacitación”, dice el líder indígena de Tarumandymi.
Recuerda, además, las oportunidades de ir al exterior que perdió por no encontrar el apoyo suficiente.
“Soy artesano y muchas veces tuve invitaciones para viajar al exterior y exponer mis trabajos. Pero no pude usarlas porque no tengo apoyo de ninguna de las instituciones paraguayas”, refiere.
El líder habla también de la necesidad de que el Estado brinde cursos de derecho civil. Sobre todo para los jóvenes que vienen a estudiar y deben lidiar con situaciones de discriminaciones. Según los datos del ejercicio fiscal para el año 2026, el INDI dispone en su presupuesto de más de G. 80.000 millones.
Ricardo Morínigo, comunicador y trabajador de campo en la organización Tierraviva, recuerda que el reconocimiento de quienes vinieron a instalarse en las zonas urbanas, fue una larga lucha de sus habitantes.
“Pelearon para ser reconocidos porque eso costó muchísimo, que las instituciones del Estado, comenzando por el INDI, el MEC, y todo eso, no reconocían que podían existir comunidades urbanas”.
Agrega que en comparación a las comunidades que están en el campo, las de la zona urbana tienen una mayor presencia del Estado al poder acceder a las instituciones debido a la cercanía.
Esto es una importante ventaja, sobre todo cuando deben realizar algunos trámites, como el acceso a Tekoporã para los adultos mayores.
“La presencia es a través de sus instituciones, se ve más, en formación educativa, en salud, la presencia de las municipalidades”, detalla.
A ello suman la presencia de oenegés, que también brindan una colaboración permanente para llevar adelante algunos proyectos.
En Tarumandymi, cuenta Valeriano, recibieron un horno industrial a través de una de estas organizaciones con el cual fabrican pan y otros productos que luego comercializan para sus ingresos.
También han recibido máquinas de coser que ayudan, sobre todo a las mujeres de la comunidad. Otras personas realizan múltiples trabajos de mandos medios.
DIFERENCIAS. En el ámbito de la educación básica y el siguiente nivel, las escuelas de las comunidades urbanas llegan al sexto e incluso al noveno grado. Luego los adolescentes tienen colegios cercanos para continuar con su educación académica.
Esta es una realidad muy diferente al campo. La abogada Natalia Rodríguez, de la misma organización de Morínigo, revela que los miembros de las comunidades indígenas presentan un promedio de apenas 4,3 años de escolaridad en la Educación Escolar Básica. El promedio nacional es de nueve años, señala la abogada.
- 2 son las comunidades que cuentan con título de las 14 asentadas en el Departamento Central.
- 80.000 millones de guaraníes es el presupuesto que figura para el INDI en su ejercicio fiscal 2026.
Éxodo a ciudades y sobrevivencia
En un recuento histórico, Ricardo Morínigo de la organización Tierraviva señala que los primeros grupos de indígenas que llegaron del interior fueron instalándose en la zona cercana a Cateura, conocida como Cerro Guy. Estas personas empezaron a dedicarse al reciclaje. Muchos de los que llegaron después realizaron la misma actividad. Agregó están los otros que vienen, están un tiempo en la capital y luego vuelven a sus localidades. Varios al quedarse en la capital subsisten de la mendicidad, principalmente, de la prostitución, de la búsqueda en la basura, detalló.
Estado debe aplicar política diferenciada
El coordinador general de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), Enrique Gaska, mencionó la importancia de que los municipios, gobernaciones y funcionarios entiendan la manera de trabajar con los pueblos indígenas.
“Explicarles que el indígena tiene otro modo de comportarse y también algunos conceptos culturales sobre ellos. Y buscar también hacer unos proyectos para estas comunidades que sean realmente proyectos sostenibles”.
El sacerdote mencionó también que los mismos habitantes de estos lugares deben ser los que lleven adelante su desarrollo.
“Que los mismos indígenas sean protagonistas de su autogestión. Nosotros tendríamos que acompañarles y no hacer por ellos. Porque ellos tienen suficientes capacidades”, expresó el coordinador de la Pastoral Indígena.
Tiene que verse la raíz de la migración
Mario Rivarola, representante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), señala como un etnocidio lo que viene ocurriendo con los pueblos indígenas.
Señala que debe conocerse la raíz de la migración de los habitantes de las comunidades a las ciudades, sobre todo quienes terminan en las calles.
“Eso es resultado del atropello a los territorios ancestrales por avance del agronegocio, la ganadería, los grandes latifundios donde se plantan marihuana. No pueden ir más a buscar su sustento porque encuentran las tierras que dicen propiedad privada y ahí están los pistoleros. Nadie tampoco quiere morir”, contó.
Recalcó también que la migración masiva a Asunción y otras capitales ocurre porque no pueden ir a otros países y que muchas veces son criminalizados sin comprender su situación.
Las consecuencias de estar sin el INDI
El desmantelamiento de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción fue uno de los golpes más fuertes que recibió la política indígena en el país en los últimos años.
Actualmente, en el Ministerio del Interior funciona una oficina de dicha institución.
Esto subyuga la política indígena a la institución que ha llevado adelante violentos desalojos en las comunidades indígenas en los últimos años y al responsable de la ley Zavala-Riera.
Natalia Rodríguez, abogada en Tierraviva, lo describe como un caos porque perjudicó, sobre todo a los líderes que llegaban desde lejos hasta Asunción.
“Fue un caos. En realidad, se trata de una política más de exclusión y de regresividad en políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas”. En otras zonas, como Caaguazú y Villa Hayes han abierto oficinas regionales del INDI que, en realidad, tampoco dan ningún tipo de respuesta.
“Hablamos de oficinas que no poseen toda la infraestructura necesaria ni los recursos adecuados para dar respuesta, a las múltiples necesidades de los pueblos indígenas”.
Ricardo Morínigo recuerda que el desmantelamiento de la institución, viola la ley 904 que señala que debe haber una sede de INDI en Asunción y tiene carácter autártico. Actualmente está funcionando en una oficina que corresponde al Ministerio del Interior.
“Entonces, vos tenés una institución que en papeles está, pero en la realidad en lo físico, no existe”, dice.
Desde el año pasado existe la promesa de que al mudarse el Ministerio del Interior a las nuevas oficinas en el Puerto de Asunción, la sede antigua quedará para la entidad indígena.
