El sábado 11 de julio de 2026, poco después del mediodía, atravesé el puesto de control de Naranjito. Un agente de la comisaría controlaba la documentación de un automóvil azul. Un segundo móvil permanecía unos metros más adelante, sobre la banquina. No había tensión visible. Los vehículos seguían su marcha, los policías conversaban entre ellos. Me quedé a observar unos 40 minutos, tomé apuntes, algunas fotos y seguí camino… Ocho días después, ese mismo lugar ocupó los titulares nacionales. La imagen me recordó lo que varios interlocutores me vienen repitiendo desde hace más de diez años, cuando empezamos a estudiar la dinámica criminal del departamento. Ese puesto no es un lugar de control, sino un peaje, aludiendo al pago que deben realizar los patrones o sus secretarios para circular por la PY03 con destino a Brasil para entregar sus mercaderías. Cuando amanecimos con la noticia del incendio de las instalaciones policiales y el asesinato de dos policías y un civil, una tragedia humana e institucional, pensé que no podríamos entender lo que allí ocurrió desconociendo los actores e intereses de la economía legal e ilegal que interactúan y usan el territorio de Canindeyú como base de sus negocios. Trataré de sintetizar a continuación algunos elementos que contribuirán al análisis y cuestionar las explicaciones simplistas o hasta con saltos lógicos que algunos organismos de seguridad dieron hasta ahora.
En Canindeyú interactúan grupos criminales poderosos y transnacionales como el Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho, así como remanantes del EPP y patrones locales del contrabando y tráfico armas, cocaína y marihuana en un mismo espacio. Que coindican en el territorio no siempre implica cooperación ni simpatía, sino que a veces es apenas una estrategia de sobreviviencia.
Canindeyú, después de Amambay es la zona de mayor producción de marihuana de la Región Oriental. El presupuesto de miles de familias dependen de los trabajos en el monte e incluso es el sostén de presupuestos municipales y permite movilizar la economía con las compras en roperías, supermercados y bodegas.
Por otra parte, desde abril de 2024 y con la narrativa de combatir al crimen organizado y específicamente tras un incidente entre un patrón local, conocido con el alias de Macho, se instaló la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Desde entonces forman parte de la escenografía local los tanques de guerra, las patrullas militares recorriendo las ciudades, controles de militares en caminos rurales. La FTC tiene entre 10 y 14 millones de dólares al año como presupuesto.
En todo el territorio departamental existen, además, comisarías, subcomisarías, puestos policiales que forman parte de la presencia institucional. Así mismo, están instalados dos cuarteles militares en el caso urbano de las dos ciudades más importantes del departamento, la histórica cuarta capital del país, Curuguaty, y en Saltos del Guairá, la capital.
El departamento está directamente conectado con Brasil por tres rutas nacionales y varias departamentales. Las PY13 conecta Paranhos/Ypehú directamente con Caaguazú; la PY03 Guairá/Saltos del Guairá con San Pedro, Asunción y el centro del país; y la PY07, Pindoty Porã/Sete Quedas con Alto Paraná e Itapúa. A lo largo de estos más de 1.000 kilómetros existen cientos de controles camineros y policiales.
Sin embargo, las mercaderías ilegales nunca dejaron de pasar. Esto es así porque existe un sector de la policía, los militares y miembros de la Senad que hacen la cobertura al traslado de las mercaderías, o sino son directamente integrantes de los grupos criminales.
Canindeyú también es tierra de narcopolíticos. Algunos están condenados por delitos graves, otros investigados o en prisión y muchos siguen disfrutando de los privilegios que les otorga el cargo.
Finalmente, en Canindeyú no existe estado de bienestar. Los hospitales están sin medicamentos; las escuelas, colegios y universidades sobreviven entre la precariedad y escasos presupuestos, y muchos jóvenes prefieren trabajar en trabajos ilegales o la economía informal, antes que ser explotados en negocios locales, donde no reciben al mes ni la mitad del sueldo mínimo.
Por todo esto, atribuir al EPP, ya sea en solitario o en alianza con otro grupo, el ataque a Naranjito es la explicación más simplista y con poco sustento lógico, aunque es la que más conveniente al statu quo, al menos por dos razones, invisibiliza el complejo entramado de relaciones y actores legales e ilegales, y por otro lado, permite seguir manteniendo la necesidad de la vigencia y fortalecimiento de la FTC, que ya empezó a pedir más presupuesto, sin visibilizar la cooptación institucional por el crimen organizado, la narcopolítica ni la existencia de policías y militares funcionales al crimen.
