Votar ya no basta. Las personas indígenas también presentan varias candidaturas a las juntas municipales en las elecciones municipales a realizarse el 4 de octubre en todo el país. Cansados de eternas promesas y de mezquinas bolsas de víveres por parte de operadores de partidos tradicionales, los líderes de comunidades han conseguido conformar el primer movimiento político indígena distrital Oñondivepá-MIO. La organización política ha surgido en la comunidad Nepoxen, del pueblo Angaite, en la localidad de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.
Esta agrupación política es la primera —a nivel distrital— que logra reunir los requisitos para el reconocimiento de la Justicia Electoral y participar en los comicios municipales, sin necesidad de contar con el aval de otro partido o movimiento político. El reconocimiento de la organización política, fechada el 6 de noviembre de 2025, está firmada por miembros del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala: Godofredo Fleitas, Teresita Martínez y Hugo Oxilia. El documento hace referencia al derecho a la participación de los pueblos indígenas, estipulada en la Constitución Nacional y en instrumentos jurídicos internacionales.
También se presentarán candidaturas en los municipios de Teniente Irala Fernández, Villa Hayes, Boquerón y General Bruguez (departamento de Presidente Hayes), así como Bahía Negra (departamento de Alto Paraguay), de acuerdo con datos extraoficiales. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de un ejercicio consciente y progresivo del derecho a la participación política por parte de los pueblos indígenas. Las concejalías municipales han sido uno de los espacios obtenidos, principalmente en municipios de la Región Occidental del país. Sin embargo, el registro de candidaturas en elecciones generales y municipales no incorporan la pertenencia a pueblos indígenas de las personas candidatas, lo cual genera la invisibilidad de dichas candidaturas.
En Paraguay existen numerosos obstáculos formales y no formales para la presentación y el éxito de las candidaturas indígenas. La mayoría de las comunidades indígenas en Paraguay se encuentran en contextos de marginación y pobreza, que conspiran en contra de la inclusión política. Esta situación se agudiza en el caso de las mujeres indígenas candidatas. Por ende, su representación se encuentra condicionada por las situaciones de desigualdad en las que compiten las personas indígenas que aspiran a cargos públicos. La exclusión de los pueblos indígenas se replica en el ámbito electoral. El punto de partida de las candidaturas indígenas se da desde un lugar de desventaja frente a las demás.
Para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, resulta indispensable que las instituciones estatales implemente políticas públicas referentes. Las prácticas de organismos estatales al respecto son incipientes. Un ejemplo constituye el curso en legislación, derechos indígenas y dinámica electoral para profesionales del Derecho, que será dictado en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Esta acción formativa, articulada con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, constituye un paso hacia una política institucional que busca sensibilizar a los operadores jurídicos.
La participación de los pueblos indígenas no es una concesión del Estado, es una deuda democrática que el Estado debe saldar para que la inclusión sea una realidad. La democracia plena es aquella donde las boletas de votación y la composición de los cargos electivos también reflejen la existencia de los 19 pueblos indígenas en Paraguay.
