Se trata de un inmueble de 11.000 hectáreas ubicado en San Pedro y actualmente administrado por la Senabico, tras su confiscación.
Las organizaciones denunciaron que dirigentes campesinos anunciaron que este 5 de diciembre, en vísperas de la festividad de Caacupé, ingresarían al establecimiento para convertirlo en asentamientos.
La conferencia de prensa estuvo presidida por Daniel Prieto, titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), acompañado por Héctor Cristaldo (UGP), Enrique Duarte (UIP), Iván Dumot (CIP), Alfred Fast (Fecoprod), Hugo Pastore (Capeco), Gilberto Osorio (Capexse), Ricardo Svec (Unión de Transportadores) y Shirley Zavala (Fepama).
Prieto expresó que se debe estar alerta ante “movimientos muy preocupantes” en torno a Lucipar y calificó la amenaza como una violación de una propiedad privada bajo administración estatal. Remarcó que las reivindicaciones sociales deben canalizarse por vías legales y que el sector productivo rechaza cualquier intento de violencia. “Desde todos los gremios condenamos esta acción”, afirmó y agregó que trabajan en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional e instó a la Fiscalía y al Poder Judicial a actuar con firmeza.
El presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, alertó sobre el uso de la violencia para “buscar votos” en un año preelectoral. Recordó que el acceso a tierras debe darse bajo los mecanismos previstos en el Estatuto Agrario. “Las soluciones no se generan violando la ley”, dijo.
Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, advirtió que la seguridad jurídica es la principal inquietud para la inversión nacional e internacional. “Sin igualdad ante la ley no hay desarrollo posible”, sostuvo.