De forma discursiva, Camacho publicó que desistió de la ocupación y entregó al Ministerio de Defensa una carta dejando sentado el hecho, sin embargo, nunca devolvió las llaves de la casa que fue construida en la parcela, informó el procurador Marco Aurelio González.
Para empeorar la situación, funcionarios de Defensa fueron a verificar la parcela, pero no pudieron ingresar porque la vivienda estaba cerrada con llave y los caseros impidieron el ingreso de las personas.
“Camacho entregó una nota ante el Ministerio de Defensa diciendo que él ya había entregado la propiedad. Se le pidió la llave y que se haga cargo de sus dependientes, pero no respondió. No se presentó hasta ahora. Cuando la gente de Defensa se va a verificar la casa, está llaveada, los caseros no les permiten entrar, diciendo que no recibieron comunicación de Camacho. Entonces el ministro le pidió que devuelva la parcela, pero no entregó la llave. Los caseros alegaron que reciben remuneración de Camacho y bloquearon la entrada”, relató el procurador.
Ante esta situación, el procurador prepara una demanda de reivindicación, en la que Camacho sería incluido.
Camacho renunció tras la polémica, pero en su escrito manifestó que su solicitud se enmarcó en el “estado de derecho”, debido a que existen antecedentes con los cuales argumentar su pedido, así como alegó que siempre actuó “con transparencia”.
“Dejo constancia que todo lo actuado fue dentro del estado de derecho, peticionando el lote en cuestión ante la existencia de antecedentes que habilitaban el camino legal correspondiente, razón por la cual se trató el tema en el Senado Nacional, actuando siempre con transparencia y de manera visible”, afirmó.
La senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, ambos del mismo partido, se pronunciaron a través de otro comunicado en el cual instaron al presidente de la República, Santiago Peña, a vetar el proyecto de ley en su momento, y presionaron a Camacho a tomar medidas.
Si en los próximos días no entrega la llave, será objeto de demanda y podría pagar una indemnización al Estado.
