Abogados que siguen de cerca e incluso denunciaron la represión policial, con el consiguiente acompañamiento a jóvenes que se manifestaron y luego fueron detenidos irregularmente por la policía tras la manifestación del 28 de setiembre, hallan varios aspectos en el procedimiento policial que colisionan con el derecho a manifestarse, el debido proceso y el uso de la fuerza policial que está protocolizado. Advierten que se violaron garantías expresadas en la Carta Magna y también en tratados internacionales que el Paraguay es signatario.
El abogado Jorge Rolón Luna evidenció varios aspectos irregulares tanto en el procedimiento de exceso de fuerza protagonizado por la policía y también con la detención de 28 jóvenes.
Entre los hechos planteados se condena que la detención y la remisión a la Agrupación Especializada de los jóvenes se haya hecho sin que se haya detectado hecho punible alguno. “No es sostenible una aprehensión sobre la base de hechos innominados”, dijo.
Acotó que la liberación lo confirma. “Esos chicos que fueron presos (el domingo) y liberados (el lunes) no habían hecho nada y no había una mínima evidencia de acto concreto alguno. Por eso los liberaron”, alegó.
La abogada Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, expresó que luego de la represión y presunta violación de garantías mínimas expresadas tanto en nuestra Constitución como en tratados y convenciones, el “Estado se expone a sanciones”.
Primeramente, recordó que el país es signatario tanto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Tener mano dura no es reprimir a mansalva, no es detener de forma arbitraria”, sostuvo.
Acotó que la Policía se extralimitió pese a tener un manual de uso de la fuerza “a diferencia de la población que no anda armada”.
También dijo que por las características de la represión se “acerca más a la idea de una criminalización de la protesta”, subrayando que no en términos ideológicos sino de cómo efectivamente se reprimió y presionó a la manifestación. Aún así, confesó que la actuación fiscal fue prudente y si actuó así es porque “no se dejaron presionar”.
Confía en que la nueva camada de fiscales, en particular los que se especializan en un enfoque en derechos humanos, harán mejor evaluación de este tipo de casos para no caer en excesos o imputar a quienes no deben.
PYRAWEB DE LA POLICÍA. La ex ministra de Justicia del gobierno de Mario Abdo Benítez reparó además en un hecho que le pareció sumamente grave, que se dio en el contexto de la manifestación y que tuvo como foco espiar por parte de las fuerzas de seguridad, chats, grupos y mensajes de los supuestos manifestantes.
Consideró que la violación de ese derecho va a generar la nulidad de cualquier causa que deviene de ella.
Por su parte, la especialista en Derechos Humanos, abogada Alejandra Peralta Merlo, consideró graves el procedimiento así como el trato posterior que se dio a manifestantes.
“Las detenciones masivas o ‘razzias’ son completamente contrarias a los estándares interamericanos de derechos humanos. No pasaron ni 24 horas de que los jueces de la Corte IDH se fueron de Paraguay para que se cometan violaciones a la Constitución y a la Convención Americana por parte de agentes estatales”, increpó. De seguir en este camino, para Peralta Merlo, se configuran hechos que pueden acarrear sanciones por violación de derechos humanos.
“Después se enojan cuando se publica que en Paraguay se violan DDHH”, sentenció.
En el Congreso hubo posturas divididas
Mientras la Cámara de Diputados aprobó una resolución en repudio a las acciones de represión de la Policía, la respuesta del Senado por medio del sector oficialista fue en apoyo al ministro del Interior, Enrique Riera, y la Policía Nacional referente a la actuación durante la movilización del 28 de setiembre pasado. Los diputados de la oposición presentaron un proyecto de declaración el pasado martes por el cual repudian “la represión policial ejercida contra los ciudadanos manifestados el día domingo 28 de setiembre de 2025, tanto antes como durante la manifestación y contra los manifestantes aprehendidos durante la misma”.
Los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega presentaron el documento, y al inicio de la sesión, Benítez expresó su condena a la situación dada, portando un cartel “Nunca Más”. El diputado Miguel Martínez también habló de la movilización señalando que fue pacífica en el que destacó que no solamente jóvenes participaron, sino también jubilados y otros. “El gobierno de HC está infestado de corrupción... Por eso yo me identificó con estos ciudadanos que salieron a enfrentar y criticar al Gobierno”, expresó e insinuó que los policías recibieron la orden de reprimir, tal como cuando se asesinó a Rodrigo Quintana en el local del PLRA. Los propios oficialistas, que fueron madrugados por la oposición, se prestaron al apoyo de la presentación de sus colegas.
En contrapartida, en la Cámara Alta las voces del oficialismo sonaron más fuerte en respaldo a la actuación de los uniformados. “Yo no creo que hubo abusos, la Policía actuó en uso de sus atribuciones constitucionales y gracias a la presencia de la Policía hasta la manifestación pacífica de un sector salió bien, porque había infiltrados que solo acudieron para incidentar”, refirió el titular del Congreso Basilio Núñez, y lo respaldó el líder de bancada cartista Natalicio Chase.
