12 nov 2026

Caja Fiscal: Docentes plantean nueva propuesta de reforma y preparan huelga

Los diferentes sindicatos de docentes presentaron este martes una segunda propuesta del sector para la reforma de la Caja Fiscal. Ratifican su planteamiento de un aporte estatal del 14%, que comenzaría con un 7% el primer año, y rechazan la fijación de una edad mínima, así como el aumento de su aporte. Además, reclamaron mayor transparencia y advirtieron con movilizaciones.

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El ministro Carlos Fernández Valdovinos respondió a varias preguntas de los sindicatos.

Foto: Renato Delgado.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores recibió por tercera vez a representantes de docentes, policías y militares, además de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a fin de seguir con las negociaciones en el marco del proyecto de ley para la reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Sector Público o la Caja Fiscal.

En la oportunidad, dirigentes de los gremios docentes presentaron una nueva propuesta del sector, la cual fue firmada por un total de 23 organizaciones o sindicatos de la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay.

Se trata del segundo proyecto consensuado que presentaron los educadores de todo el país, que plantea nuevamente implementar un aporte estatal del 14%, pero esta vez mediante una aplicación gradual, partiendo de un 7% en el primer año, sumando el 7% restante en el segundo periodo.

Asimismo, el planteamiento docente se ratifica en mantener el 16% de aporte de los trabajadores; poder acceder al beneficio de la jubilación con un mínimo de 25 años de aporte y una tasa de sustitución de 80%, o 35 años de aporte, con el 100% de tasa de sustitución, además de que no se establezca una edad mínima para el retiro.

La remuneración base para la jubilación ordinaria según su propuesta sería el promedio de los últimos 5 años, a menos que en dicho periodo se hayan registrado incrementos de turnos y horas cátedra, en cuyo caso la base sería el promedio de los últimos 10 años, según se observa en el proyecto.

También proponen una jubilación extraordinaria con una antigüedad de entre 10 y 24 años de servicio, exclusivamente para los maestros que se encuentren física o intelectualmente incapacitados. La tasa de sustitución sería del 40% de la remuneración base a los 10 años y con un incremento del 2,5% progresivo hasta llegar a los 24 años con el 75% de tasa de sustitución.

Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional (UNE-SN), afirmó que, si bien aún “todo es conversable”, el gremio docente ya cuenta con esta propuesta propia y consensuada, la cual fue elaborada con base en la anterior que ya habían presentado al Congreso, pero con leves ajustes.

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“Nos mantenemos en que el Estado debe aportar el 14% por lo menos. El sector trabajador está aportando ahora el 16%, más el 5,5% para IPS, que son 21,5%. Si volvemos a aportar el 3% (con el aumento que plantea el Ejecutivo), eso sería ya 24,5%, que es muy alto. En ningún país de la región se da esa situación (…). Nosotros vamos a seguir insistiendo con eso”, manifestó Resquín en entrevista con NPY minutos antes de ingresar a la reunión.

El educador señaló también que, teniendo en cuenta que se trata de una solución “transitoria” o “coyuntural”, desde el sector seguirán trabajando para posteriormente plantear una reforma integral.

Durante la reunión, Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) Auténtica, realizó una presentación con base en un análisis del economista Luis Rojas, que sostiene que el déficit del sistema se originó principalmente por la ausencia histórica del aporte patronal del Estado.

Detalló que entre 2011 y 2025 los trabajadores aportaron USD 5.970 millones, mientras que los egresos sumaron USD 7.496 millones, lo que derivó en un déficit acumulado de USD 1.525 millones, cubierto con recursos del Tesoro.

Sin embargo, afirmó que, si en ese mismo periodo hubiese existido un aporte patronal del 10%, se habrían incorporado USD 3.731 millones adicionales y el resultado habría sido un superávit de USD 2.206 millones.

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Por otra parte, durante el encuentro los educadores también exigieron que se transparente el aporte implícito del Estado; es decir, todo lo que está usando el Gobierno de los impuestos para cubrir el déficit, así como pidieron conocer en detalle cómo se están utilizando los recursos de la Caja Fiscal.

Advierten con movilizaciones

Gabriel Espínola adelantó que, previo al 25 de marzo, día en que el Senado debería tratar el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, docentes de todo el país realizarán movilizaciones departamentales y regionales, e incluso para ese día del tratamiento advirtió con una huelga nacional.

“Y aquí va una alerta para todos y para todas, porque la idea de los políticos es no tratar en esa fecha y peligrosamente, o podemos caminar hacia la sanción ficta o un adelantamiento del tratamiento”, sostuvo.

Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (OTEP-SN), señaló también que justamente este martes, en simultáneo a la reunión, docentes de todo el país se mantuvieron en movilización o en “vigilia” frente al Congreso Nacional y frente a la casa del senador Silvio Beto Ovelar, en Coronel Oviedo, para exigir que su propuesta sea escuchada.

No obstante, durante la reunión en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, los sindicatos de docentes, militares y policías nuevamente se quedaron sin poder concretar una propuesta consensuada con los legisladores y el Poder Ejecutivo, por lo que anunciaron que la próxima semana habrá una reunión, pero ya solo entre los senadores y el ministro de Economía, Carlos Fernández, quien afirmó que verificarán algunos artículos que fueron cuestionados, pero se ratificó en la idea de establecer los 57 años como edad mínima de jubilación.

En la reunión donde se recibió a representantes de las Fuerzas Públicas, los uniformados ratificaron su postura de rechazo a que los cambios en parámetros afecten a los más antiguos, y cuestionaron que el ministro ejerza el rol de administrador de la Caja Fiscal a la par de ser presidente del Consejo de Seguridad Social, afirmando que no puede ser juez y parte.

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