Cadena de omisiones del Estado les costó la vida a las niñas, señala CDIA

“El Estado y la sociedad le hemos fallado (…). El Estado, teniendo información de inteligencia, no activó los mecanismos de prevención y protección hacia ellas para cuidarles de todo tipo de violencia o vulneración en sus derechos y, una vez muertas, tampoco las reconoció como víctimas y no dictó medidas de protección para la restitución de sus derechos vulnerados. Por lo tanto, el Estado paraguayo es el principal responsable en esta cadena de omisiones que costó la vida de ambas niñas”, indica el escrito.

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La Coordinadora destaca que en democracia el Estado es el garante de los derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio, sean nacionales o extranjeras. Y que las autoridades nacionales, electas y/o administrativas, deben cumplir el marco legal vigente en el país y asumir la responsabilidad subsidiaria del Estado en el cuidado del bien más preciado de una sociedad: la niñez y la adolescencia.

Reclama, además, que desde el año 2013 hay un incongruente gasto en seguridad y defensa porque no va acompañado de la inversión en las personas. “Hasta ahora la única respuesta del Estado a la violencia de grupos criminales armados ha sido la fuerza, una estrategia incompleta que expone a las comunidades a más vulnerabilidades. Las desigualdades históricas deben ser abordadas con un sistema de protección social”, apunta.

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Ante una serie de irregularidades por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona Norte del país y las faltas observadas en la intervención del Ministerio Público, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia exigen que se realice y garantice una investigación profunda, independiente e imparcial, de los hechos acontecidos el pasado miércoles en la estancia Paraíso, en Yby Yaú.

También demanda que las fuerzas públicas de seguridad tengan y apliquen protocolos específicos de actuación en el abordaje de niñas, niños y adolescentes, en virtud de su carácter de sujetos protección especial.

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Y, en tercer lugar, solicitan que se realice una investigación para explicar el entierro en tumbas NN de las dos niñas, la no realización de una autopsia con la debida diligencia y la destrucción de sus prendas.

Asimismo, exhortan a los tres poderes del Estado a que implementen todas las medidas de prevención, protección y que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos, que implican el reconocimiento de la existencia de indicios de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados criminales no estatales.

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“Dada la gravedad de los hechos y la desconfianza generada por las actuaciones iniciales de las autoridades, las fuerzas de seguridad y los operadores del sistema de justicia, remitiremos un informe de los hechos a los sistemas de Derechos Humanos, Interamericano (OEA) y Universal (NNUU)”, sostiene la Coordinadora.

Las niñas argentinas presentadas como abatidas en un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenían 11 años y algunos meses, según se constató mediante exámenes forense, contradiciendo la primera versión de las autoridades, que señalaron que tendrían, aproximadamente, entre 15 y 18 años.