Marcelo Salinas, diputado nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) –pero afín al cartismo–, solicitó el aplazamiento por 90 días del punto 4, que establecía el acuerdo constitucional para las intervenciones de seis distritos: Lima (San Pedro), Ybyrarobaná (Canindeyú), Ñemby (Central), Emboscada (Cordillera), Tomás Romero Pereira (Itapúa) y Yby Yaú (Concepción).
Roberto González, diputado nacional por la ANR (disidencia), solicitó una reconsideración al planteamiento de Salinas.
“Quiero pedir encarecidamente que lo tratemos en ocho días, son cuestiones muy importantes para los pobladores de estos distritos, cuyas administraciones están en entredicho. Lamentablemente, con esta actitud, vamos a demostrar que somos cómplices o encubridores, que salvamos a nuestros corruptos. Yo no quiero ser parte de eso”, aseveró.
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Señaló que algunos defienden a otros corruptos porque mañana quieren cobrar factura cuando se trate de defender a sus corruptos.
González aclaró que no se trata de Salinas, aunque el diputado liberal tiene una esposa intendenta (Carolina Aranda del PLRA) de Mariano Roque Alonso, también salpicada por denuncias de corrupción.
“Necesito llevar a votación para lo que hubiere lugar y saber quién es quién”, aseveró.
Rocío Vallejo, diputada por el Partido Patria Querida (PPQ); Raúl Benítez, diputado independiente; Daniel Centurión, también diputado disidente, y Johanna Ortega, diputada nacional de País Solidario, secundaron la moción de González para que el aplazamiento sea de solo ocho días.
Se necesitaban dos tercios de los votos, es decir, 54 diputados, para poder aprobar la reconsideración. No obstante, 26 por el rechazo y solo 17 por la reconsideración impidieron que el tema vuelva a ser tratado.
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Esto se produjo durante las mociones de preferencia. De esta manera, se tratará recién en diciembre, o después del receso parlamentario, es decir, marzo del año próximo.
