Tras postergaciones intencionales, la Cámara de Diputados se apresta hoy, desde las 09:00, horario en el que está programada la sesión ordinaria, iniciar el estudio de la conformación de comisiones especiales en relación con los pedidos de intervención, remitidos por el Ejecutivo, de seis municipalidades. Los municipios en la mira están en su mayoría controlados por el oficialismo colorado.
Desde la oposición esperan que no haya corporativismo y, en ese sentido, el diputado Raúl Benítez sugiere a los oficialistas que abran la auditoría a los municipios que responden a su sector, y no apliquen el blanqueo.
La Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, ha decidido en mesa directiva instalar la discusión en plenario sobre la intervención de las ciudades de Ñemby, Central; Tomás Romero Pereira, Itapúa; Emboscada, Cordillera; Ybyrarobaná, Canindeyú; Yby Yaú, Concepción; y Lima, San Pedro, pendientes de acuerdo para su posterior avance.
Cabe señalar que varios de los pedidos obran ya hace años y algunos de los intendentes en una primera instancia fueron salvados.
Este es el caso del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Rivas, quien es padre del senador del mismo nombre y cuyo estudio de intervención está nuevamente en Cámara Baja. En una primera instancia, en noviembre de 2023, había sido salvado.
Rivas está acusado de un daño patrimonial de G. 2.000 millones en su gestión. Los concejales municipales denunciaron la existencia de supuestas obras fantasmas, desvíos y empresas de maletín.
El caso del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, quien pasó al cartismo cuando previamente era de extracción disidente, estuvo varado más de un año a la espera de la conformación de la comisión especial.
Sobre Olmedo pesa una imputación por lesión de confianza, estafa y otros delitos. Los concejales señalan que el daño patrimonial trepa los G. 700 millones.
Otro hecho irregular hace mención a un atraso en el pago de la remuneración de los funcionarios municipales, además de un llamado vía excepción por G. 1.300 millones para la iluminación del cerro Ñemby.
El hecho es que quedaron congelados, en razón de un acuerdo de “no agresión” entre colorados y la oposición, que se destrabó tras las intervenciones de Asunción y de Ciudad del Este.
Otros municipios. En carpeta además está el estudio para la intervención del intendente de Ybyrarobaná, César Machuca, de extracción cartista, fue denunciado por los concejales que no aprueban su rendición de cuenta, por supuesta malversación y lesión de confianza. En enero pasado, la Fiscalía de Curuguaty llevó a cabo un allanamiento en la Municipalidad, en el marco de una investigación por supuesta estafa y otros hechos punibles.
El intendente de Lima, Juan Manuel Ávalos, del Partido del Movimiento Patriótico Popular pero que fue electo por una alianza política, no tiene una investigación penal, pero sí denuncias de la Contraloría.
Se estima que sería la ficha de cambio para salvar a cartistas. Igualmente, el intendente opositor de Yby Yaú, Vidal Argüello, tiene denuncias por supuestas facturas clonadas, mientras el intendente liberal de Emboscada, Silvio Andrés Peña, tiene varias denuncias en su contra que datan del 2024, pero sin causa penal.
