“No me corresponde”, fue la respuesta del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, sobre abrir una investigación en torno a la denuncia referente a supuestos cobros extorsivos por parte de la pareja de la senadora cartista Zenaida Delgado a funcionarios, para que puedan conservar sus empleos.
Las senadoras Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, y Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentaron a la Mesa Directiva la denuncia de funcionarios que le pidieron ayuda porque supuestamente Zenaida, que al igual que Bachi, forma parte de Honor Colorado, les exigía un porcentaje de sus salarios para no desvincularles de sus cargos.
“Si las colegas están en conocimiento, la ley dice que un funcionario público, en este caso, un legislador, debe ir a denunciar donde corresponde, la Fiscalía”, se desligó Bachi.
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El senador alegó que no puede convertir la presidencia del Congreso en una “parafiscalía” y que son las parlamentarias las que deben hacerse responsables de radicar la denuncia ante el Ministerio Público. “Yo voy a ser fiscal general, entonces”, refutó.
Negó además que estos supuestos cobros se hayan dado bajo su visto bueno y que aseguró que no le dio esos cargos a la senadora acusada.
En el caso que involucró a la liberocartista Noelia Cabrera, en el que una investigación periodística reveló que tenía como planilleros a dos sobrinos suyos en el Senado, que tuvieron que renunciar, Bachi ordenó un sumario.
Bachi dice que no aumentó salario a una, sino a 10
Sobre el caso de la hija de su aliada política que cuadruplicó su salario en 15 meses tras ingresar al Senado, Bachi reconoció que le otorgó el beneficio pero a 10. “No solo le di a una, le di a 10", precisó.
La funcionaria Leticia Chamorro Giménez en 2021 trabajaba en la Municipalidad de Fernando de la Mora, con G. 3.500.000 de salario. Luego, en el 2024 ingresó al Congreso con una remuneración de G. 7.487.700, para luego alcanzar progresivamente, en 2025, un total de G. 31.105.900 mensuales, como directora.
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Se trata de la hija de la concejala departamental colorada por Central y precandidata a intendenta de Fernando de la Mora, Lizy Giménez de Chamorro. En mayo de 2024 ingresó a la Dirección de Bienestar Laboral con un salario de más de G. 7 millones, aunque, según apuntó en su declaración jurada, alcanzaba los G. 12.000.000.
“Porque como presidente del Congreso, desde que asumí, tiene que entrar gente de mi confianza, gente que trabajó conmigo hace 15 años, así como cuando estuvo Cachito, Lugo o Llano”, alegó Bachi.
Sobre que los funcionarios de su confianza no entran por concurso, argumentó que la Ley de la Carrera Civil no rige para el Congreso.
