En la preliminar realizada ante el juez Yoan Paul López, la fiscala Karina Caballero se ratificó en la acusación presentada por su colega, el agente Marcos Amarilla, y solicitó al magistrado la elevación a juicio oral y público.
Según la acusación, el 12 de marzo del 2023, Claudia Giselle Guillén, auxiliar fiscal, había sido retenida en un control policial por conducir una camioneta denunciada como robada en Brasil. Se trata de un vehículo Toyota Hilux que tenía una chapa clonada.
La joven iba por las calles José Asunción Flores, de Asunción, y cuando fue retenida, pese a colaborar con las autoridades, actuó de forma prepotente y violenta con los agentes policiales cuando le pedían los documentos del vehículo y luego se dio a la fuga. Esto había sido filmado por lo que el video luego se hizo viral.
Tras lo ocurrido, la Fiscalía dictó una orden de detención. La mujer se presentó luego de ser imputada por supuestos hechos de reducción y resistencia. El vehículo estaba a nombre del padre, Ramón Guillén, aunque eran con documentos supuestamente apócrifos, según la acusación del Ministerio Público.
Además, la fiscala Karina Caballero requirió la inclusión probatoria de los vídeos que mostraban a la auxiliar fiscal en el procedimiento, pero esto fue rechazado por el juez.
Por su parte, la defensa de los procesados, el abogado Juan Carlos David Monges, solicitó el sobreseimiento definitivo de los encausados, lo que fue rechazado por el magistrado.
También fue rechazado el ofrecimiento, como prueba de la defensa, de la camioneta Toyota Hilux, incautada en el procedimiento. El juez sí admitió las demás pruebas de la defensa.
El magistrado calificó la conducta de Claudia Guillén como reducción y la de su padre, Ramón Alberto Guillén como producción de documentos no auténticos y reducción. Con ello, el juez admitió la acusación y elevó el caso a juicio oral.
Por otro lado, López impuso las medidas alternativas a los dos acusados, con la obligación de comparecer ante el Tribunal de Sentencia del 1 al 5 de cada mes, prohibición de cambio de domicilio, la obligación de darse por notificado de las actuaciones, y una caución real de G. 150 millones para cada uno.
En el caso, el escribano Julio Cáceres Carrillo también fue procesado. Su caso ya fue elevado a juicio oral, pero se encuentra pendiente de resolución de recursos en la Sala Penal de la Corte.
