En la Cámara Alta existen cuatro procesados que aún deben aclarar cuentas con la Justicia. Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace) por el escándalo de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La causa sigue ahora que se destrabó con la resolución de la Corte luego de la recusación presentada por González Daher.
También está el caso de Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), imputado por su rol como ministro de Obras Públicos en la era Federico Franco. Su audiencia se suspendió el mes pasado por nuevo abogado y nuevos fueros.
El cuarto es Víctor Bogado (ANR), imputado por el caso “niñera de oro”, donde la fiscala Claudia Morys pidió el mes pasado la desestimación de la denuncia por cobro indebido de honorarios contra la mujer.
diputados. En la Cámara Baja también son cuatro los que están enfrentando causas en la Justicia por supuestos hechos de corrupción.
El diputado colorado Carlos Núñez Salinas enfrenta una causa en la que viene chicaneando desde el 2016, tras ser acusado de contrabando por despachar equipos que subvaloró en USD 17.000 dólares, cuando que valían en realidad más de USD 1 millón. Su primera audiencia preliminar será recién el próximo 23 de agosto.
Otro es el diputado liberal Carlos Portillo, también envuelto en el escándalo de los audios, y habría pedido USD 3.000 a una procesada para ayudarla con influencias.
El diputado colorado Tomás Rivas es otro que tiene “caseros de oro” al igual que José María Ibáñez, donde en este caso el perjuicio es de G. 47 millones cobrados ilegalmente. El caso está trabado en la Corte.
El diputado liberal Teófilo Espínola completa la lista y fue desaforado la semana pasada, tras ser imputado por supuesta malversación de G. 5.000 millones cuando era fiscalizador en el Ministerio de la Defensa Pública.
Parlasur. En el Parlamento del Mercosur son tres los que tienen causas. Tomás Bittar (ANR), por omisión de auxilio, sigue refugiándose en sus fueros, al igual que Milciades Duré (PLRA), por el caso tierras de San Agustín, y ahora Enzo Cardozo (PLRA), por supuesta malversación en el MAG.
