Entre algunos de estos aumentos al Presupuesto General de la Nación se encuentran la ampliación del plan financiero para la construcción de un llamativo obelisco conmemorativo impulsado por los parlamentarios –aunque momentáneamente suspendido–, gasto que se suma a otro aumento para el mismo poder en el mes anterior para comprar equipamientos de señalamiento, herramientas, aparatos, instrumentos y equipos de computación.
Otros incrementos fueron para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); el Banco Nacional de Fomento (BNF), destinado a “otras transferencias al sector público” sin mayores especificaciones; el Ministerio de Trabajo para materiales eléctricos, herramientas menores, materiales para seguridad; el Ministerio de Justicia para alimentos, confecciones textiles, elementos de limpieza, útiles de escritorio, de oficina, combustible; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Salud, a fin de cubrir algunas obras y contratar personal de salud.
Estas modificaciones presupuestarias muestran en el mejor de los casos falta de planificación y sobra improvisación, pero también pueden significar desvíos de las normas previstas en el decreto de lineamiento presupuestario a través del cual se establecen los principios para la presupuestación. Pero sobre todo el aumento de estos gastos se producen sin contar con financiamiento adicional, con lo cual a lo largo del año se van distorsionando los objetivos y resultados previstos por cada programa y entidad.
El descontento social en áreas claves como la educación, la salud, la energía eléctrica y el agua potable nace del pésimo servicio público en estos sectores. Una parte importante se debe a la baja inversión. Mientras tanto, las autoridades con competencia en los temas presupuestarios aumentan los gastos sin proporcionar suficiente información y, lo que es peor, para rubros de dudosa necesidad social.
Justo esta semana se planteó el debate sobre la pertinencia de gastar en un obelisco frente a las urgentes necesidades presupuestarias en salud y otros servicios esenciales para la calidad de vida. Paralelamente surgió el caso de dos sobrinos planilleros de una senadora que utilizaban un mecanismo vigente en la función pública para cobrar sin prestar servicios en el sector público.
Al problema de los bajos recursos en áreas estratégicas se suma la mala gestión de los recursos disponibles, en algunos casos priorizando los negocios con el sector privado para construcciones de nulo valor público y las contrataciones de parientes y amigos favoreciendo prebendariamente a aliados políticos.
La brecha entre la inversión estatal y los resultados para la sociedad exige una revisión urgente de las prioridades y la eficiencia del gasto público. Es inmoral continuar pidiéndoles a las personas que con el pago de sus impuestos se financien privilegios para los negocios privados o para la clientela política.
La mala calidad del gasto público tiene impacto en toda la política fiscal a través de su principal instrumento: el presupuesto público. Los tres componentes principales del mismo –gasto, ingresos, deuda– actúan de manera interrelacionada. Un mal gasto público implica la necesidad de más impuestos o más deuda, además de, por supuesto, su impacto directo en la mala calidad de vida.
Estamos ante un círculo perverso que no se limita al ámbito económico. Una situación como la que se observa también destruye la calidad de la democracia, pone en riesgo la gobernabilidad y alimenta la conflictividad social.
