El caso involucra a parlamentarios, jueces, fiscales y otros altos funcionarios. El comunicado del gremio, emitido en la tarde de este martes, menciona que con este hecho se encuentran con el desafío institucional “de depurar esa lacra que corroe el sistema judicial”.
Manifiestan que dicha depuración solo se podrá dar con el compromiso de todos los operadores de Justicia y en particular del Ministerio Público, a través de “una investigación penal seria, rigurosa, profunda y responsable” de los hechos denunciados.
“Creemos que el Ministerio Público tiene el rol fundamental en este caso, porque en sus manos se deposita una parte substancial de la misión de echar luz sobre tales acontecimientos e identificar a los responsables de los hechos punibles de corrupción pública”, señala el documento, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez.
Además, reiteran que dentro del rol gremial que les compete nunca apañarán el mal desempeño de colegas que puedan ser cuestionados. “Nuestra postura concreta es solicitar una investigación penal cuya seriedad, objetividad y transparencia no quepan dudas algunas”, insisten.
Finalmente, la Asociación de Fiscales se puso a disposición del fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, y los agentes fiscales a fin de coadyuvar dentro de la investigación.