El alto número no solo refleja el fracaso de la reciente gestión del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez y de las administraciones recientes, sino que también “asusta por el impacto del número potencialmente en alto riesgo patrimonial”.
El equipo de la intervención extrajo la cifra de los juicios estancados, registrados en el sistema Judisoft del Poder Judicial. En dichos juicios, correspondientes a cobranzas prejudiciales, extrajudiciales y judiciales, la Municipalidad se encuentra en calidad de parte.
Debido a la desidia de la administraciones municipales de los últimos años, se dejaron de cobrar más de USD 109 millones solamente en la gestión judicial y sin cobrar a la fecha.
“Quienes pudieron oponerse a la proposición urgente de reformas en el sistema de gestión de cobranzas de esta cartera (...), podría pensarse que tienen intereses no necesariamente alineados con los de la Municipalidad de Asunción”, acusa el documento.
Se detalla cómo se dividen las carteras de morosos: La cartera prejudicial morosa, previa a la expedición de certificados de deuda; la cartera extrajudicial, emitidos ya los certificados de deuda; y la cartera judicial, ya iniciadas las demandas de ejecución judicial de sentencia.
“Son tres estamentos de gestión de cobranza de impuestos, tasas y contribuciones del municipio que tienen baja gestión y peor resultado a tenor del abultado crédito municipal que aparece en el balance como cuentas de orden”.
Según el análisis de la intervención, la gestión de la cartera de cobranzas es fundamental para recuperar el patrimonio de Asunción. Es “una de las mayores urgencias por lograr en cualquier gestión de salvataje financiero, que la capital del país tanto necesita para funcionar y prestar necesarios servicios a la población”.
Casu alegó “mejoras” para apropiarse de inmueble
Entre los casos que ya se encuentran judicializados, la intervención menciona el del Centro de Acción Social Universitaria (Casu), que ocupa una propiedad municipal sobre la avenida Aviadores del Chaco y Madame Lynch. El terreno fue cedido en 1973 de manera gratuita, pero el Casu hizo una oferta a la Municipalidad, en junio de 2017, para hacer uso de “su supuesto derecho de preferencia en la compra del inmueble”.
En el informe se menciona la existencia de un supuesto documento proveniente de la Dirección de Catastro, en el que se dan cuenta de supuestas mejoras por valor de G. 3.012.448.720. Catastro realizó una planilla de valuación de mejoras que también dio como resultado que “no había presupuesto ese año para la compra de edificios e instalaciones”.
“Resulta sin embargo llamativo que, al día de hoy, según publicaciones periodísticas que publicaron varias fotografías del inmueble y desde la perspectiva aérea en el mismo, solamente se ve que se trata de un terreno amurallado sin ninguna construcción dentro, por lo que mal se puede interpretar que haya sido afectado realmente a la finalidad para la cual Casu solicitó y obtuvo la transferencia gratuita”.
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El informe va más allá de la sentencia favorable sobre el inmueble y dice que “existe una hipótesis (...) de que se habría promovido en el pasado una acción autónoma de nulidad en representación de la Municipalidad, y que pudo haberse operado algún tipo de prescripción a tenor del absoluto silencio y falta de colaboración institucional en relación a este caso”.
Se recomienda por lo tanto la necesidad “urgente” de una auditoría externa de gestión judicial, que precise los detalles del caso y la responsabilidad de los actores involucrados.
En una reciente sesión de la Junta Municipal, el abogado Jorge Cantero respondió que sí se puede avanzar con la recuperación del inmueble por medio de medidas judiciales, pero para poder hacerlo se necesita una autorización de la Intendencia.
Abogados de la Municipalidad demandaron en 2017 a financiera que quebró en 1996
El 23 de diciembre de 2017, los abogados Juan Carlos Ramírez Montalbetti y Julio González Giménez habrían presentado una demanda contra la Financiera Urundey S.A. en reclamo de G. 476.695.852.930, monto calificado como “pasmoso” por la intervención.
La financiera, sin embargo, según averiguaciones del equipo interventor, fue declarada en quiebra el 26 de agosto de 1996. “Según el informe del BCP y balance al ejercicio del mismo al 31 de diciembre de 2011, en sus notas a los estados contables da cuenta de haber recibido bienes de Financiera Urundey S.A en dación en pago”, detalla.
El monto reclamado “nunca se informó" ni a la intervención ni a la opinión pública, y el informe incluso pone en duda que la financiera siga teniendo inmuebles registrados a nombre de la misma “sobre los que recaigan créditos impositivos municipales”.
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Se cuestiona además que la promoción de la demanda, incluso cuando la firma ya había sido declarada en quiebra, no haya sido más que “una maniobra para generar honorarios profesionales que luego serían cobrados al municipio”.
Julio González Giménez, abogado involucrado en la causa, era el secretario de Nenecho y recibió un pago ilegal de G. 26.000.000 del dinero del bono G8 que era para 8 obras de desagüe. Según consta en los legajos de pagos del informe de la intervención, el dinero fue entregado en concepto de resposición de fondo fijo.
Más casos judicializados
De acuerdo a los datos del sistema Judisoft expuestos por la intervención, existe otro juicio contra las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción en el que se cita un monto reclamado de G. 338.203.280.
La demanda, indica el informe, fue promovida por el cobro de tasas especiales sobre las cuentas corrientes catastrales N° 14-0081-02/02/03/06 y 14-0140-01/03 correspondientes a los años 2013 a 2016.
“El juicio no pasó de las primeras diligencias, y no existe constancia de embargos efectivamente trabados, montos cobrados por la Comuna, ni otros detalles (...)”. Por esta razón, la intervención recomienda una auditoría procesal y administrativa puntual para determinar si la cuenta ya se saldó.
Entre los casos no resueltos por la desidia municipal, se menciona también un monto reclamado de G. 75.235.540.992; y otro monto de G. 18.860.161.024 al Instituto de Previsión Social (IPS). El expediente data del año 2023.
También se detalla otro caso con Financentro S.A, cuyo expediente data de 2024 y el monto reclamado asciende a G. 34.151.632.896; también con Itapar SRL, al que se le reclama desde 2017 una suma de G. 28.763.924.480; y con Rasi S.R.L, que se expone con un expediente que data desde 2023 por un monto reclamado de G. 19.431.600.128.
Piden investigar a funcionaria que acaparó juicios y cobró G. 45 mil millones
Atendiendo a la falta de gestión de cobranzas judiciales, la intervención recomendó contratar una auditoría jurídica procesal externa con poder del intendente, en este caso el recientemente asumido Luis Bello.
Aconsejó, entre otras cosas, el establecimiento de un encargo fiduciario con “bancos de primera línea del sistema financiero, sin transferencia ni venta de cartera, y solo contra el cobro de una módica comisión post cobranza efectiva que deba cargarse al deudor”.
También sugirió investigar a la funcionaria Deisy Yohana Balbuena Prieto, quien figura como abogada demandante en 5 juicios de la Municipalidad que totalizan la suma de G. 45.826.266.000.
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“Se sugiere la investigación de los pormenores de la concentración actual de causas a manos de pocos abogados, (...) que se comunique de inmediato al Ministerio Público en los casos en que se detecte connivencia, traición a la parte u otros tipos penales o actos generadores de responsabilidad civil o administrativa en los que pudieron haber incurrido funcionarios de la Municipalidad, o los abogados externos que llevan casos de cobranza”, concluye el informe referido a los casos de cobranzas judiciales.
