La Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, pese a tener herramientas para recuperar el lugar, alega que por ahora no puede actuar debido a la intervención.
El tema fue debatido durante la última sesión de la Junta Municipal que contó con la participación de representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comuna, entre ellos, el abogado Alexis Rivarola y el director interino durante la intervención, Jorge Cantero.
El concejal Javier Pintos (ANR-HC), en atención a la convocatoria de los representantes legales, detalló en primer lugar los antecedentes contando que en 1973 la Intendencia y la Junta Municipal transfirieron el inmueble (ubicado en Aviadores del Chaco, entre Madame Lynch y Juez Pino) al Centro de Acción Social Universitaria para que brindara servicios médicos.
La Ley 403/73, promulgada por el entonces presidente Alfredo Stroessner, ratificó la donación, pero conforme a lo establecido en la Resolución N° 8571. Este documento prohíbe que se venda la propiedad y establece que en caso de incumplimiento de las condiciones o de disolución de los centros adjudicatarios, los terrenos revertirán al dominio municipal.
“Increíblemente, (...) en el año 2012 la organización solicita a la Intendencia municipal la autorización para proceder a la enajenación del inmueble con una justificación increíble”, dijo Pintos y añadió que el argumento para pedir la autorización de la venta tuvo una relación directa con el estado de salud de uno de los directivos del Casu.
“En el justificativo para solicitar la autorización para la venta, los directivos del Casu mencionan que uno de los directivos estaba aquejado por un problema de salud y que, en consecuencia, necesitaban vender ese inmueble para obtener los recursos necesarios que les permitan atender el problema particular”, contó el concejal.
Recordó que en el año 2017, la Junta Municipal por “falta de información correcta y completa”, aprobó una resolución para anular la cláusula que impedía la venta. Sin embargo, el entonces intendente Mario Ferreiro vetó la resolución.
Pese a ello, Pintos aseguró que existen comprobantes de pago de tributos (a los que accedió tras una investigación) registrados con la cuenta corriente catastral N° 15-842-02, correspondientes al inmueble cedido al Casu.
“Consta acá en la Dirección de Recaudaciones (...) los comprobantes de pago de tributos, que corresponden a esa cuenta corriente y ya figuran a nombre de otra persona”, afirmó.
“Nunca existió un acto jurídico que permita la venta o la transferencia de este inmueble”, dijo por su parte el concejal Álvaro Grau (PPQ). El edil explicó que hubo compradores que recurrieron a la Justicia y que “lamentablemente” los jueces y ministros de la Corte fallaron en contra del Municipio, permitiendo así la transferencia del título.
“Atropellaron el patrimonio de cada uno de los asuncenos, y no estamos hablando de cualquier inmueble, (sino uno) que está protegido por fuerza de ley”, aseveró.
Fallo de la Corte se dio un 31 de diciembre
La respuesta que ofreció la Asesoría Jurídica a esta situación provino primeramente de Alexis Rivarola. En 2018, según el abogado, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una demanda contenciosa administrativa del Casu contra la resolución municipal. El Tribunal falló a favor del Casu y, de este modo, se revocó el veto municipal y se dejaron sin efecto las resoluciones que protegían el terreno. Habilitó así la disposición del inmueble, pese a la vigencia de la Ley 403.
El Municipio, a través de su Dirección Jurídica, apeló, pero la Corte resolvió no hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, confirmó el acuerdo y sentencia previa el 31 de diciembre de 2020, una fecha que los concejales también cuestionaron.
"¿Qué validez puede tener un acto que se produce en un día asueto?”, cuestionó Pintos, quien además afirmó que el Municipio “fue burlado” con el referido fallo.
Desde la Asesoría Jurídica respondieron que “averiguarían” sobre la fecha en cuestión.
El edil Humberto Blasco (PLRA) aseguró que dicha operación estuvo “viciada de cabo a cabo” y que se “omitió una ley que en el orden de prelación está encima de una ordenanza”. Añadió que el inmueble es “extremadamente valioso” para fines patrimoniales, ambientales o sociales.
“Cualquier destino le podemos dar, ese inmueble podemos dar al estadio Comuneros”, dijo. “No podemos resignarnos a este atropello”, añadió.
Abogados de la Comuna alegan que no se puede recuperar inmueble durante la intervención
El abogado Jorge Cantero respondió a las críticas señalando que sí se puede avanzar con la recuperación del inmueble por medio de medidas judiciales, pero para poder hacerlo se necesita una autorización de la Intendencia.
“Entiéndase una resolución que nos provea el mandato como para poder avanzar sobre eso. Actualmente es de público conocimiento que nos encontramos en una situación (...) bajo un proceso de intervención”, dijo, justificando de esta manera la inacción de la Comuna con respecto a las acciones de recuperación del inmueble.
“En este proceso rige la Ley 317/94, que en su artículo 6 define exactamente cuáles son las atribuciones del interventor municipal. Es así que esas atribuciones se limitan a dos, ejecución presupuestaria y también lo que se refiere a administración de recursos humanos”, explicó.
Adelantó que una vez que el proceso de intervención acabe, se podrá avanzar, pero por el momento solo se puede “recabar la información interna y dejar recomendaciones”.
Grau manifestó su discrepancia con el abogado y aseguró que el juicio no es “complejo” como sostuvieron durante el debate los representantes legales.
Citó una serie de pasos a seguir y concluyó indicando que se debe solicitar la nulidad del acto jurídico y la cancelación del asiento registral en la Municipalidad “por haber cobrado impuesto a un tercero cuando se está adjudicando la propiedad que (...) es de la Municipalidad”.
Adelantó que solicitará a la Junta la emisión de una resolución a través de la cual se exhorte al interventor a iniciar el juicio y la presentación de la medida cautelar.
“Es un entreguismo por parte de esta institución (...). Vamos a ver realmente de dónde sale la responsabilidad para que esto se siga dilatando”, criticó.
