El pasado 15 de setiembre, la Caja de Valores del Paraguay SA (Cavapy) informó sobre un pago de G. 22.448.452.055 por intereses vencidos de los bonos G8 (serie 1) y G7 (serie 3). La comunicación fue remitida a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay.
Una cuota de interés del bono G8 de G. 15.123.452.055 venció el 25 de noviembre del año pasado, mientras que otra cuota correspondiente al bono G7 de G. 7.325.000.000 venció el 2 de marzo de este año. Ambas cuotas fueron abonadas en coincidencia con la convocatoria de la asamblea de los tenedores de bonos, que fue realizada el pasado 16 de setiembre.
Este pago parcial realizado por la administración de Luis Bello representa un incumplimiento del acuerdo que se estableció con los bonistas en mayo de este año.
¿Qué decía el acuerdo de pago?
Ante una deuda acumulada de G. 145.493.232.877 (hasta el 5 de junio de 2026) por intereses vencidos de bonos, la Municipalidad de Asunción y Valores Casa de Bolsa SA llegaron a un acuerdo que establecía un cronograma de pago: El primero de G. 50.941.301.370 debía darse entre el 13 y el 22 de mayo; el segundo de G. 41.101.917.808 estaba programado para el 15 de setiembre.
Posteriormente, se acordó diferir el saldo del ejercicio fiscal 2026 y el primer bimestre del 2027 hasta el 31 de marzo de ese año. De este modo, se comprometió a la siguiente administración municipal a realizar un pago de G. 181.048.643.836 bajo la advertencia de que la Municipalidad sería demandada si no cumplía con el acuerdo establecido.
El pasado 5 de junio, la Comuna realizó un pago de G. 50.941.301.370 para cumplir con el primer pago acordado, según informó la representante de los bonistas en un documento remitido el 21 de julio a la Superintendencia de Valores del BCP.
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En el documento se indica que a fin de “verificar el cumplimiento del pago del saldo comprometido para el 15 de setiembre, se instruye al representante de obligacionistas a convocar a una nueva asamblea para el 16 de setiembre, con el objeto de resolver, en su caso, sobre el inicio de acciones judiciales”.
“De no acreditarse el pago del saldo en la fecha indicada (15 de setiembre de 2026) –quedando con ello incumplido el cronograma–, los bonistas (...) quedan habilitados, al amparo del artículo 205 de la Ley N° 7572/2025, a iniciar de inmediato, sin necesidad de nueva asamblea, (...) las acciones judiciales y extrajudiciales de cobro y las medidas cauterales sobre la totalidad de la deuda vencida”, refiere el documento.
Bonistas buscarán otro acuerdo con nuevo intendente
Pese a las advertencias, la administración de Luis Bello incumplió el acuerdo al realizar un pago parcial de G. 22.448 millones. Consultado sobre este incumplimiento, uno de los representantes de Valores Casa de Bolsa SA, Mathias Angulo, respondió que los bonistas “se reservan el derecho de ejercer acciones judiciales y/ extrajudiciales”.
Angulo añadió que “en el contexto de las elecciones (municipales), se reservan (además) el derecho de conversar alternativas de solución con la nueva administración”.
“Si esas condiciones no se acuerdan, (los bonistas) ejercerán sus derechos en el plano judicial”, respondió Angulo. “La realidad es que se quiere buscar algún acuerdo razonable, en el marco de lo posible. Y si no se puede, lastimosamente se tendrá que demandar. Trataremos de que no se llegue a ese escenario”, añadió.
¿A cuánto asciende la deuda por intereses vencidos?
Hasta el 5 de junio de este año, la Municipalidad de Asunción cargaba con una deuda de más de G. 145.000 millones solamente por intereses vencidos de bonos. El 8 de junio, la Cavapy informó que la Comuna realizó un pago de G. 50.941.301.370 por cinco cuotas vencidas los días 27 de mayo, 9 de junio, 16 de julio, 21 de julio y 14 de agosto del 2025.
Entre el 17 y 21 de julio de este año, la Municipalidad incumplió con el pago de dos cuotas de intereses de los bonos G9 y G6, que en total sumaron G. 19.852.958.904. El 11 de agosto se informó sobre el incumplimiento de pago de un interés del bono G8 de G. 15.040.356.164; y el 14 de agosto se comunicó otro incumplimiento de una cuota del bono G5 de G. 841.438.356.
Teniendo en cuenta el nuevo pago parcial de G. 22.448.452.055, la deuda actual por intereses vencidos de bonos alcanza por el momento G. 107.838.232.876.
Obras prometidas con bonos G6 y G7 nunca se hicieron
En su primer balance cuatrimestral de 2026, la Municipalidad de Asunción registra en 13 cuentas bancarias un total de G. 451.879.263 por emisiones de los bonos G3, G4, G5 y G8. Las cuentas de los bonos G6 y G7 no aparecen. Estas dos emisiones son investigadas actualmente por la Fiscalía. Según documentos a los que accedió Última Hora, el monto de dichos bonos se habría integrado inicialmente en cuentas preexistentes de la Comuna.
Un total de G. 10.000 millones del bono G6 (2020, G. 100.000 millones) debía usarse para reparar 10 plazas de la capital, pero la administración de Nenecho Rodríguez resolvió reprogramar el destino del dinero para “obras viales”.
La misma situación se registró con el dinero del bono G7 (2021, G. 200.000 millones), que contemplaba unos G. 18.000 millones para obras dentro de la Estación de Buses de Asunción (EBA). El dinero también se reprogramó para utilizarse en obras viales, cambio que fue criticado por la oposición en la Junta Municipal de Asunción.
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Con G. 6.000 millones del bono G7 debían realizarse obras en el mirador de Itá Pytã Punta, pero el mirador sigue aguardando algún tipo de intervención. Del mismo modo, se previó que un total de G. 14.000 millones de esta emisión se usara para una obra de protección contra incendios en el Mercado 4, pero hasta hoy este proyecto sigue sin ejecutarse.
El fiscal Luis Piñánez investiga el circuito de este dinero tras una denuncia penal presentada el 28 de abril de 2025 por el abogado Enrique Wagener.
Bono G8 se esfumó en sueldos y otros gastos prohibidos
El bono G8 (2022, G. 360.000 millones) debía ser usado en 8 obras de desagüe para la capital. Cuatro de ellas, aunque con retrasos de años, se iniciaron: dos en el barrio San Pablo, una en Santo Domingo y otra en el barrio Las Mercedes. Para esta última se construyeron las alcantarillas celulares, pero la obra in situ jamás comenzó.
La administración municipal utiliza actualmente el dinero de la recaudación para afrontar los distintos pagos por estas obras, atendiendo a que durante la administración de Nenecho el dinero se desvió en su totalidad para el pago de sueldos y otros gastos irregulares.
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La Contraloría General de la República (CGR) emitió en el 2024 un informe sobre el manejo irregular de estos recursos. En el mismo año la Fiscalía realizó un allanamiento de la sede municipal, con el objeto de obtener los documentos relacionados con la trazabilidad del dinero. En mayo de 2025, la CGR solicitó la intervención de la Municipalidad de Asunción y el proceso se inició oficialmente el 24 de junio del mismo año, a cargo del economista Carlos Pereira.
Antes de que se difundieran los hallazgos del informe, el ex intendente de Asunción Nenecho Rodríguez presentó oficialmente su renuncia al cargo. El informe de la intervención expuso la utilización ilegal de la Cuenta Única, operada por su administración, además del desvío de los recursos en salarios y otros gastos prohibidos por la Ley Orgánica Municipal.
La referida normativa establece que se prohíben realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Tanto Nenecho como su ex jefe de Gabinete Nelson Mora argumentaron en diversas ocasiones que la Municipalidad de Asunción no emitió bonos para gastos corrientes, atendiendo a que la justificación del bono G8 fue financiar obras de desagüe. El dinero finalmente se utilizó para efectuar dichos gastos, según el informe de la intervención.
