Desde el inicio de su administración, Santiago Peña anunció la presentación de un proyecto que apunta a responder al gran desorden sobre la propiedad. Se trata de la ley ya entregada al Congreso, que crea el registro unificado nacional (RUN), que une los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema, con Catastro, del Ministerio de Economía, y al Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas.
El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Ilo Moreno, uno de los proyectistas, reconoció que durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954- 1989) se repartieron tierras públicas que debían ser par la reforma agraria, que pertenecían al entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR).
“Una de las tres grandes fuentes de superposición de tierras es el Indert, que empapeló el país en los últimos 50 años, se habla de que en época de Stroessner se dio a jerarcas tierras del IBR, que es cierto, pero no se dice que el papel del Indert fue triste”, lanzó el asesor en un programa transmitido por la Vocería del Gobierno.
Moreno citó como las otras dos fuentes de superposición a la Municipalidad y las loteadoras. Precisó que todo eso tiene atención en el proyecto.
Tierras malhabidas. En el año 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), organismo creado por Ley N° 225/03 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, presentó su informe final, el cual en su capítulo cuarto, contiene un estudio realizado que detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que se adjudicaron ilegalmente durante el stronismo y el post-stronismo.
El estudio abarcó adjudicaciones realizadas por los diversos entes responsables de las tierras públicas entre 1954 y el año 2003, y concluyó que el 32,7% de las tierras arables del país fueron entregadas irregularmente a personas no sujetas de la reforma agraria.
Habrá juicios. Sobre la ley del registro unificado nacional, el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón, proyectista junto con Moreno, comentó que se desconocen cuántas hectáreas están duplicadas o triplicadas en Paraguay, y que el proyecto prevé dar claridad al respecto.
Se habla de alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados o 200.000 kilómetros cuadrados, indicó Martínez, de tierras superpuestas, que se espera conocer cuando empiecen a funcionar los mecanismos técnicos de la ley.
La parte conflictiva de la normativa que impulsa el gobierno junto con la Corte, será identificar las tierras y definir a los dueños finales. El ministro indicó que los afectados serán notificados para que demanden ante la Justicia.
“La ley prevé un mecanismo de notificación a las partes interesadas de modo que esas partes tengan que plantear una demanda judicial y en el juicio el juez dicte qué título continúa y qué título se deja sin efecto”, resaltó.
Los senadores de la oposición pidieron al presidente durante su reunión en Mburuvicha Róga postergar el tratamiento de esta ley. Peña aceptó el pedido y se abrió una mesa de trabajo. Algunos sectores denuncian que la norma es para el blanqueo de las posesiones irregulares de tierras, sobre todo las de grandes empresarios, reclamadas por organizaciones sin tierra.
Durante su presentación ante el Congreso, Moreno explicó que este proyecto aborda, en primer lugar, la inseguridad jurídica derivada de la existencia de grandes extensiones de tierras inscritas a nombre de múltiples propietarios, lo que subraya la gravedad de la situación.
