En un comunicado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresó “su profunda preocupación” por los hechos ocurridos cerca de una estancia conocida como Lusipar, en Santa Rosa del Aguaray, donde, aseguró, “una intervención policial con uso excesivo de la fuerza dejó a siete personas campesinas heridas” que fueron trasladadas a un hospital. Asimismo, lamentó “la lesión” de un suboficial ayudante de la Policía.
El MNP dijo que registró “la aprehensión masiva de 28 hombres, 22 mujeres y 11 niños”, entre ellos, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y otros con “enfermedades graves”. Aunque en total se registraron 52 aprehensiones, de las cuales 29 fueron imputadas por la Fiscalía.
Para el MNP, esta situación “aumenta el riesgo de violencia institucional, tortura y uso abusivo de la prisión preventiva”.
En ese sentido, la institución recomendó “instalar una mesa de diálogo inmediata” entre los tres poderes del Estado para atender reclamos de los campesinos y “evitar mayor violencia”, al tiempo que solicitó al Ministerio Público abrir “una investigación por posible uso abusivo de la fuerza”.
Igualmente, pidió garantizar los derechos fundamentales de los aprehendidos, de los niños y adolescentes y visitas familiares y defensa a quienes permanecen privados de libertad.
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El viernes, un grupo de campesinos considerados “sin tierras” a bordo de camiones intentaron ingresar a la estancia Lusipar, una propiedad de unas 11.000 hectáreas que fue incautada por el Estado como parte de un proceso judicial contra un narcotraficante brasileño, lo que provocó un enfrentamiento con policías que resguardaban el lugar.
El subcomandante de la Policía, César Silguero, indicó ese mismo día que al menos 42 personas fueron aprehendidas, incluso menores de edad, que hubo “personas con heridas leves, pero de ninguna gravedad”, además de un policía herido por un arma de fuego.
Afirmó, en declaraciones a Monumental 1080 AM, que usaron balas de goma y gases para dispersar a los campesinos.
La zona de la estancia Lucipar estuvo custodiada desde el jueves por al menos 700 agentes, según informó la Policía.
Los campesinos piden al Gobierno paraguayo el acceso a las tierras de esa finca “en calidad de donación”, dijo el viernes a periodistas uno de sus dirigentes, Elvio Benítez.
Fuente: EFE.
