“La Asociación Rural del Paraguay (ARP), ante la información de que han recuperado su libertad las personas que estaban detenidas en el marco del caso Lucipar, incluido el señor Ángel Larrea, presentado públicamente como el incitador de la violenta invasión de una propiedad privada, manifiesta profunda preocupación por las señales de impunidad que ello proyecta”, señala el comunicado.
Asimismo, recalca que los hechos investigados incluyen la invasión de inmuebles rurales, el atropello de portones y barreras de seguridad, así como ataques que dejaron policías heridos por arma de fuego. “Se trata de conductas de extrema gravedad que afectan el Estado de derecho, la propiedad privada y la seguridad de productores, trabajadores y comunidades enteras del interior del país”.
En ese sentido, asegura que la ARP respeta la independencia del Poder Judicial y las decisiones de los jueces, pero advierte que la liberación generalizada de procesados por hechos tan graves, en un contexto en el que organizaciones como la Coordinadora Sin Tierras del Norte reivindican la obtención de medidas alternativas gracias a la presión social, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y en particular, a quienes cumplen la ley en el campo.
“Las medidas alternativas no pueden convertirse en un atajo para vaciar de contenido las investigaciones ni para relativizar la gravedad de las invasiones y la violencia extrema”, sostiene.
Entretanto, exhorta a que las causas penales sigan su curso con objetividad y rigor, que se determinen responsabilidades individuales y que, en caso de comprobarse los hechos, se apliquen sanciones proporcionales.
“Es indispensable, además, un control estricto del cumplimiento de las medidas alternativas otorgadas, a fin de evitar la reiteración delictiva y nuevas amenazas a la propiedad y a la paz en el campo”, recalca.
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Finalmente, la ARP reitera su solidaridad con los productores y trabajadores afectados, así como con los miembros de la Policía Nacional que resultaron heridos en el cumplimiento de su deber.
“Renovamos nuestro compromiso con el diálogo y el desarrollo rural, pero insistimos en que no puede haber verdadera paz social con el uso de la violencia, sin respeto a la Constitución, a las leyes y a las decisiones judiciales legítimas. Sin Justicia efectiva, la inseguridad jurídica se profundiza y se debilita uno de los pilares del desarrollo nacional”, finaliza el comunicado.
El ingreso de los sintierras a la zona dejó policías y también campesinos heridos. No se tiene información clara si la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) arrienda la estancia de 11.000 hectáreas.
