EFE
El tratado contemplaba en sus cláusulas que los dos países lo revisarían cuando se cumpliera el 40 aniversario de su entrada en vigor, un plazo al que se llegó el pasado 27 de marzo.
Entre los temas sobre la mesa está el volumen de deuda paraguaya por la construcción de la presa, la tarifa por la venta de energía excedente de Paraguay a Argentina y la construcción de obras pendientes, entre otros.
La reunión tendrá lugar en las propias instalaciones de la central hidroeléctrica, ubicada entre las localidades paraguaya de Ayolas y la argentina de Ituzaingó.
Loizaga viajó este martes hacia Ayolas junto con otros miembros de la delegación paraguaya, como el Secretario General de la Presidencia y Jefe del Gabinete Civil, Juan Carlos López Moreira; el Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Víctor Raúl Romero Solís; y el Director Paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Alberto Schmalko.
La cancillería paraguaya confirmó hoy que encabezará el equipo argentino el ministro De Vido.
Loizaga anticipó que la reunión se centrará en establecer el proceso negociador, así como la periodicidad de las conversaciones.
“Estaremos conversando de cómo vamos a ir enfocando las futuras reuniones, para tratar de encontrar una solución lo antes que se pueda, porque a todos nos conviene avanzar dentro de un marco de lo que a cada Estado le corresponde de derecho”, dijo en un comunicado de la Cancillería.
La construcción de Yacyretá comenzó en 1983 y la obra fue inaugurada en 1998, aunque aun no estaba concluida.
Paraguay tiene derecho a la mitad de la energía producida por Yacyretá, que en 2013 ascendió a 20,1 millones de megavatios hora, pero no la aprovecha, por su menor demanda y porque no cuenta aun con una línea de alta tensión desde la hidroeléctrica.
Por ello, el 95% de la electricidad se la ha quedado Argentina, que ha pagado 1.200 millones de dólares a Paraguay por ello, según el director argentino de la entidad binacional, Oscar Thomas.
El tratado original establecía que la tarifa se debía basar en el coste de producción, pero ese mecanismo nunca se aplicó.
En su lugar en 1992 en una nota “reversal” intercambiada por los Ejecutivos, y que el Congreso paraguayo nunca ratificó, se estableció una tarifa fija, de 0,03 dólares por kilowatio/hora, que debería estar vigente hasta 2048, el término de vida útil de la presa.
Argentina gastó en la construcción 6.400 millones de dólares, según Thomas, mientras que Paraguay contribuyó a la obra con el 80% del territorio anegado.
