El proyecto fue defendido por la senadora del Partido Democrático Progresista, Desirée Masi, que, como proyectista, explicó que la normativa apunta a desburocratizar y, finalmente, a reducir la barrera de acceso a los procesos gubernamentales incentivando la participación.
De hecho, una de las claves del proyecto es mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
Además, se propone que los beneficios del proyecto estén al alcance de la mano de los ciudadanos, empezando por el ahorro económico de las personas, la reducción del tiempo necesario para realizar los trámites.
También se deja sentado que no se podrán exigir documentos que las mismas instituciones emitieron o que debieran estar en sus archivos. Tampoco podrán rechazarse los documentos emitidos en línea por el sistema Portal Único del Gobierno.
En los trámites de registro y legalización, no podrán exigirse documentos que ya fueron presentados o fueron prerrequisitos para obtener los documentos que se pretende registrar o legalizar.
El lento avance hacia la desburocratización por parte del Estado es, pese a los avances tecnológicos, aún notorio en las distintas dependencias del Estado.
