En informes presidenciales, como el del presidente Santiago Peña, hay que siempre tener en cuenta que los “éxitos” en términos de proceso son relativos, pues no sabemos a ciencia cierta, si realmente van a lograr los impactos deseados. Cuando dicen que hemos construido tanto, o hemos instalado tal equipo, hay que considerar que esos procesos pueden no lograr resultados significativos. Los recursos invertidos pueden, en última instancia, terminar en una construcción que queda sin uso, o equipos que no tienen la duración que debían tener. Más aún en el caso de Paraguay, donde hay sospechas fundadas de que la construcción y las compras no están diseñadas para el impacto social, sino que forman parte de ese “otro proceso”. En donde se manejan intereses particulares, no generales.
Debemos, sin duda, reconocer que en el informe se constatan logros que parecen ser auspiciosos. En el campo de la seguridad y el combate al narcotráfico se han hecho inversiones importantes con la compra de los tucanes, la instalación de los radares que mandaron a arreglar en Israel, las cantidades de patrulleras, y la cantidad de policías. Estos merecen un punto positivo. Sin embargo, es al final de 2028 que podremos tener un mejor panorama de cómo andamos. Esa evaluación debe, además, hacerse usando determinados indicadores. Igual que en el caso de la primera infancia, donde se inició la construcción de los centros de atención integral a la infancia. Estos pueden ser una buena idea, pero hay que ver si esas mejoras impactan en los indicadores de crecimiento y desarrollo de los niños.
En la gestión pública, la referencia a los indicadores es clave. Hay que tomar conciencia que por más esfuerzos que se estén haciendo en el Instituto Nacional de Estadísticas, seguimos moviéndonos con precariedad en el campo del seguimiento de la gestión pública basada en evidencias. Esta es una preocupación legítima, que tiene que ver con la pregunta sobre el estado de la información dura, con base en estadísticas bien producidas y registros administrativos sólidos. Una información estadística confiable, de fácil acceso, manejada profesional e imparcialmente por un servicio civil honesto, así como la habilitación de observatorios y centros de seguimiento a nivel de la sociedad civil, deberían ser consideradas como garantías de una gestión pública eficaz y eficiente. En ese sentido, la ley anti-ongs y la difícil navegación por las bases de datos en los distintos órganos del Estado no han ayudado.
Por último, es importante una mejor comprensión del público en general de lo que significan ciertos indicadores. El presidente mencionó la reducción de la pobreza. Tendencia que merece reconocimiento y es muy importante. Sin embargo, ¿estamos conscientes que la línea nacional de la pobreza monetaria es un poco menos de G. 900.000 al mes por persona en la zona urbana, y G. 654.000 en la zona rural? Es decir, si un individuo gana G. 950.000 al mes, ya no es considerado pobre. Así de ficticia puede ser la línea de pobreza. Sabiendo esto, podemos dimensionar más adecuadamente qué significa eso de “salir de la pobreza”. Hay que ponerlo en perspectiva, pues para muchos de los que realmente no son pobres, los montos indicados se gastan en un solo asado familiar. Por ello, hay que complementar con otras aproximaciones; otros tipos de índices o indicadores, que miden la real vulnerabilidad que afecta a importantes franjas de la población en Paraguay.
