El fuego se disemina por los diferentes departamentos de la República. La biodiversidad se encuentra en permanente riesgo. Los incendios provocados están a la orden del día. La contaminación del medioambiente también se convierte en un problema grave para la población de las diferentes ciudades más golpeadas. Incluso, las consecuencias de un incendio llegan a centenares de kilómetros afectando a la salud de las personas.
Debido a los numerosos incendios forestales que contaminan el aire, aumentaron las consultas de cuadros respiratorios en los centros de salud.
El perjuicio causado por los incendiarios alcanza a bosques, animales y también al tránsito debido a que el humo ya ha ocasionado lamentables accidentes al impedir la visibilidad en las rutas.
La irresponsabilidad de las personas que queman pastizales, basuras, tiran colillas de cigarrillos o no apagan las fogatas que dejan luego de un campamento en los montes –sobre todo las acciones de aquellas que lo hacen intencionalmente– debe ser sancionada ejemplarmente ante el gran perjuicio que causan a la salud, la economía del país y al medioambiente.
Las partes de los bosques que consumidas por las llamas requieren de décadas de cuidado para su recuperación.
Hoy día más de un 95% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea intencionalmente o de forma accidental, según el Instituto Forestal Nacional (Infona). Además, por la alta ocurrencia de incendios, esta institución dio a conocer que está vigente la prohibición de toda actividad de quema en el territorio nacional. Se hace alusión a la vigencia de la Ley 6818 “De manejo integral del fuego”, la cual establece “la suspensión por el plazo de ciento ochenta días de la emisión de permiso de quema prescripta”.
El Poder Ejecutivo también se encuentra trabajando para presentar un proyecto de ley con el objetivo de delimitar las funciones de los ministerios, secretarías y municipios sobre los incendios. Especialistas en el marco legal se encargarán de definir penas más severas para los causantes de las quemas, cuya aplicación está a cargo del Ministerio Público. En este caso, también penas más duras podrían ser disuasivas para los autores de las combustiones.
Desde la Fiscalía explicaron que desde diciembre existen unas 60 causas iniciadas ante los siniestros. Admiten la dificultad para identificar y procesar a los involucrados. La pena máxima es de cinco años de cárcel, pero también la ley establece multa. Será aleccionador que el Ministerio Público pueda llegar a los pirómanos y que estos sean sancionados ejemplarmente.
Los ciudadanos de bien deben colaborar al no prender fuego a sus basuras o para evitar cualquier factor que inicie alguna combustión peligrosa en el campo o en la ciudad. También para identificar a los que generan los incendios, ya que el daño es muy grande para el ecosistema y para la población en general.
La Fiscalía, junto con otras instituciones como el Infona y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), debe trabajar articuladamente para castigar a los involucrados en estos hechos. La impunidad con que se manejan en general los incendiarios debe llegar a su fin. El perjuicio que causan es inmenso. La ley debe caer con todo su peso sobre ellos
