La fiscala Teresa Sosa confirmó que, aparte de los 524 títulos de licenciatura confirmados como falsos el martes, existirían otros mil títulos en la investigación que se debe determinar en realidad si son auténticos o también entran en la lista de apócrifos.
Ahora, el Ministerio Público trata de obtener información de todos los usuarios que intervinieron en el registro de estos títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Con ese trabajo verificarán si hay o no funcionarios que están involucrados.
¿Cuál sería la irregularidad? Es que registrar un título lleva un tiempo de gestión de aproximadamente un mes, entiende la fiscala, pero llama la atención que estos se hicieron todo en un día o solo en horas, lo cual sería imposible, dice la fiscala Sosa, ya que se debe verificar todos los datos del estudiante que se está titulando.
“Se acaba de iniciar la investigación y va a durar un tiempo prudencial, porque los datos llegan en forma parcial, no completa. Lo que está confirmado son estos 524 títulos falsos”, aseguró la fiscala del caso.
Imputados En esta causa ya están imputados catorce docentes, algunos son facilitadores para que sus supuestos colegas consigan supuestamente títulos falsos, y los demás, los que accedieron a la matrícula y que en algún momento llegaron a ejercer el cargo. Incluso, varios actualmente siguen enseñando y forman parte del Ministerio de Educación.
Visita al Mec. La fiscala Teresa Sosa visitó el pasado martes las oficinas del MEC, investigando los usuarios de los funcionarios que modificaron, inscribieron y registraron los 524 títulos falsos desde el 2000 hasta el año 2019.
Esto forma parte de un esquema de registro de títulos mau que se hace a la velocidad de la luz y que lleva enquistado casi 30 años o más, según se sospecha.
La causa se inició a raíz de una auditoría que reveló las irregularidades, y luego el mismo ministro de Educación, Luis Ramírez, fue presentando las denuncias.
La agente siguió explicando que la inscripción y el registro de un título no puede darse en un día, ni en unas horas, porque al presentar una persona un título de grado, el primer paso es verificar si es egresado del bachiller.
Luego se avanza en confirmar que la universidad esté habilitada, si se cumplió con la malla establecida en ese periodo por las resoluciones del MEC y del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), además de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
La universidad niega. Por un lado, una de las facultades que supuestamente emitió los títulos es la Universidad Autónoma de Asunción, que ya informó que ellos no emitieron esos títulos y que esas personas no fueron sus estudiantes.
Se trata de las carreras de Derecho, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Básica y Licenciatura en Deportes, además de otros de enseñanza superior.
Por otro lado, existen casos de estudiantes que sí llegaron a cursar la carrera en institutos de Educación Superior que no estaban habilitados por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
En este caso, se cree que se les engañó que obtendrían sus títulos legales y los alumnos se inscribieron, pagaron, asistieron a clases durante años, pero el título termina siendo falso y una estafa.
Son títulos falsos detectados de los años 2000, 2001, 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 hasta el 2020.
Todas las evidencias que levantó la Fiscalía del MEC serán sometidas a un estudio técnico-pericial y se investiga como hecho punible el uso de documentos no auténticos.
Se trata de informaciones informáticas sobre los usuarios de funcionarios, utilizados para el registro irregular.
¿Complicidad de funcionarios?
Según viene hablando la fiscala Teresa Sosa, el esquema de registro de títulos falsos contó con la colaboración directa de funcionarios públicos, por lo que había solicitado que el Ministerio de Educación y Ciencias y el Cones hagan auditorías internas para determinar responsables.
Se presume una confidencia, específicamente del sector administrativo dentro del MEC y el Consejo Nacional de Educación Superior.
Por un lado, estos formarían parte del grupo que entregaba los títulos falsos y, por otro, que inscribía los documentos de grado en las instituciones.
La Fiscalía, a raíz de este hecho, también conformó un equipo, donde el fiscal Leonardi Guerrero acompaña a la fiscala Teresa Sosa.
