El documento sostiene que la medida viola normas constitucionales, ambientales y patrimoniales, y exige que el área siga siendo de uso público.
El abogado Federico Schaerer afirmó que la cesión constituye “una acción manifiestamente ilegal e ilegítima” y que vulnera derechos colectivos vinculados al ambiente y al patrimonio cultural.
En el documento presentado ante el Juzgado Penal de Garantía Especializado en Crimen Organizado Tercer Turno, la organización solicita como medida urgente la suspensión inmediata del acuerdo para evitar daños “irreparables al patrimonio cultural, ambiental y territorial de la ciudad”.
También piden que la resolución sea declarada nula, dado que fue aprobada mientras la Intendencia se encontraba acéfala, lo que –según el amparo– impide que el acto haya sido válidamente promulgado.
“La autoridad municipal carecía de facultades para celebrar y aprobar un acuerdo que implique la cesión de espacios públicos a un sujeto privado”, sostiene el escrito.
Como contexto, el amparo recuerda que la ciudadanía intentó por varias vías detener la aprobación del acuerdo: peticiones a la Junta Municipal, pedidos de veto al interventor y solicitudes a la Secretaría Nacional de Cultura. Ninguna obtuvo respuesta por lo que recurrieron a la Justicia.
Recuerdan el valor histórico, científico y ambiental del Jardín Botánico, reconocido como patrimonio del Paraguay y del Mercosur, y cuya superficie original –según el amparo– se redujo a menos de la mitad por décadas de cesiones irregulares, ocupaciones y abandono.
La organización sostiene que la nueva cesión constituye un “despojo a la ciudadanía” y contradice el Plan Maestro del JBZA, ordenanza vigente que prohíbe la introducción de infraestructuras que alteren su integridad ambiental.
Entre los puntos legales, la acción cita el artículo 134 de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe concesionar plazas y parques a particulares, y el artículo 38 de la Constitución, que garantiza la defensa de intereses difusos, como el ambiente y el patrimonio cultural.
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También menciona tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y normas de Unesco sobre protección de sitios históricos y naturales. Escobar afirma que el acuerdo representa “una enajenación encubierta” del espacio público.
Por último, Amigos del Jardín Botánico solicita que la Municipalidad se abstenga de realizar cualquier intervención que limite el uso público del área y que garantice su plena restitución para la ciudadanía, mientras se resuelve la acción de amparo.
La organización sostiene que existe riesgo inminente de afectación irreversible y que, por ello, corresponde una intervención judicial urgente.
“El caso reviste carácter urgente y no puede ser resuelto por vías ordinarias”, concluye el escrito.
