La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores, presidida por la senadora Yolanda Paredes, recibió este lunes a representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y a referentes del asentamiento Edilson Mercado, en el distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, con el objetivo de analizar el informe final presentado por la mesa de trabajo.
La senadora del Partido Cruzada Nacional señaló que el propósito principal es esclarecer el origen de las tierras, a fin de otorgar seguridad y tranquilidad a sus ocupantes.
En ese sentido, informó que se estableció un plazo de 15 a 20 días para profundizar en la investigación y determinar si las tierras del asentamiento Edilson Mercado corresponden o no al patrimonio público.
El proceso de verificación estará a cargo de funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), de la Codehupy, así como de técnicos de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores.
Según lo expuesto en una reunión reciente, la comunidad Edilson Mercado cuenta con una extensión aproximada de 2.000 hectáreas, de las cuales 1.000 se encuentran actualmente en disputa. El conflicto se ha prolongado por más de seis años e incluyó cinco intentos de desalojo.
Cabe recordar que, días atrás, se llevó a cabo la mesa de trabajo en la que participaron las instituciones y referentes citados. En ese contexto, la senadora Yolanda Paredes había manifestado la voluntad de la comisión de colaborar en la búsqueda de una salida pacífica y legal al conflicto.
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Búsqueda de solución pacífica
El pasado 4 de agosto, dicha comisión del Senado ya se reunió con los citados referentes en búsqueda de una solución pacífica para la comunidad campesina afectada.
Durante el encuentro, se examinó la solicitud de intervención presentada ante la comisión, en atención a la ocupación irregular de varias fincas por parte de personas ajenas a la propiedad. Según lo expuesto, la comunidad afectada, denominada Edilson Mercado, cuenta con una extensión aproximada de 2.000 hectáreas, de las cuales 1.000 se encuentran actualmente en disputa. El conflicto se ha prolongado por más de seis años e incluyó cinco intentos de desalojo.
En ese contexto, la senadora Yolanda Paredes expresó la voluntad de la comisión para colaborar en la búsqueda de una salida pacífica y legal al conflicto, señalando que, “la comisión tiene la mejor predisposición para ayudar, pero es necesario que todas las partes involucradas actúen con buena voluntad para llegar a un acuerdo”.
Como parte de los avances logrados en la jornada, las partes firmaron un acta de entendimiento mediante la cual se establece una tregua, permitiendo llevar adelante los procedimientos necesarios para esclarecer la delimitación de las áreas en conflicto.
El acuerdo se firmó en enero de este año, para garantizar la asistencia humanitaria y prevención de la tortura en el conflicto por las tierras que afecta a unas 300 personas de la comunidad.
Asimismo, se acordó impulsar una convocatoria oficial que reúna a todos los actores involucrados, con el propósito de avanzar en la construcción de un acuerdo que garantice seguridad jurídica para ambas partes.
Representantes religiosos, del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), concejales e intendente de la Junta Municipal de Yasy Cañy suscribieron el documento.
Las autoridades se comprometieron a precautelar el derecho a la alimentación, el acceso al agua, a la salud, independientemente al conflicto y las acciones judiciales por las tierras en la zona.
