El proyecto de ley de protección a periodistas presentado por Honor Colorado, encabezado por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, genera preocupación entre las organizaciones de trabajadores de prensa y de personas defensoras de derechos humanos porque elimina mecanismos básicos de seguridad.
Uno de los cambios principales es que no se contempla la participación de organizaciones de periodistas en el ente que tomará decisiones sobre la protección a los sujetos en riesgo.
Para el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, esto impide el buen funcionamiento de cualquier mecanismo de protección. “Implica una traba importante para el funcionamiento adecuado, ya que las organizaciones son las que conocen la realidad y las que habitualmente reciben y canalizan los casos que afectan a colegas”, comentó Ortiz.
El segundo inconveniente es que el nuevo proyecto crea una dirección que depende del Ministerio del Interior; es decir, elimina la autarquía que establecía la propuesta impulsada por el SPP y que ahora duerme en el Senado.
“Esto rompe con la autonomía necesaria que debe tener un órgano de protección a periodistas. ¿Qué pasa si estás investigando al ministro? Esta dependencia es de bajo rango y no tendrá capacidad política para ordenar a los órganos de seguridad ni a otros para garantizar la protección o prevención de situaciones de violencia contra trabajadores de prensa”, recalcó.
El tercer punto es que desaparecen las medidas de protección del texto de la ley. La propuesta cartista “remite todo al protocolo de protección de la Policía, que ya está vigente hace ocho años, pero ni los legisladores ni los policías conocen ni aplican”.
El cuarto cambio es que el uso del presupuesto será totalmente discrecional para el Ministerio del Interior y, el quinto elimina a las personas defensoras. “No establece con claridad cómo se determinarán los sujetos de protección, ¿será discrecional a cargo del funcionario designado?”, indicó el líder del gremio.
Para Ortiz, la nueva normativa no cumple con los estándares mínimos de un mecanismo de protección y, además, pasa por alto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Demuestra una vez más el desprecio del oficialismo hacia la labor periodística y hacia la participación de los actores sociales en el debate público y parlamentario”, sentenció el secretario del SPP.
Bachi presentó el proyecto y afirmó que se suma al presentado por las organizaciones, aunque es posible que termine archivado o rechazado.
