El Gobierno cerró la semana con una nueva crisis diplomática con la Argentina, derivada de la retención de barcazas paraguayas de una petrolera en la conflictiva hidrovía Paraguay/Paraná. Es un nuevo capítulo de un problema diplomático irresuelto y que escala a cada paso.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno para imponer su agenda, la realidad tiene la virtud de voltear e imponerse por su propio peso. Y eso fue lo que le sucedió a Santiago Peña estos días.
El presidente de la República presentó el martes a los nuevos consejeros de Itaipú. Nombró a sus incondicionales Lea Giménez (jefa de Gabinete) y Carlos Fernández Valdovinos (Economía). Sumó a Javier Giménez (Industria), al asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; al presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el ingeniero Héctor Richer. Esto desató una polémica constitucional porque los ministros no pueden ejercer otros cargos, ya que tienen las mismas incompatibilidades que el presidente. No hubo cuestionamientos a la capacidad de los elegidos, sino a la cuestión legal. No debe olvidarse que el cartismo tiene una peculiar visión de la ley, que cuando molesta, se la pone a un lado. Ya sucedió en 2017 con la enmienda constitucional para la reelección que terminó en sangrienta crisis política que obligó Cartes a retroceder. Ahora, con la mayoría en ambas cámaras, las interpretaciones forzadas pueden ser peligrosas puertas de entrada a otras situaciones. Si la Constitución no es el freno, se avecinan tiempos autoritarios.
No solamente la cuestión constitucional empañó el anuncio. Itaipú es altamente sensible y los negociadores deben tener credibilidad para generar confianza en la ciudadanía. Un error casi tumbó a Mario Abdo Benítez. Sin embargo, en la lista de Peña hay dos nombres que se vinculan a la polémica acta secreta del 2019 y que en ese entonces fue calificada como una traición a la patria por el cartismo: Moreno, cuyo estudio jurídico asesoró a Joselo Rodríguez; y Richer, quien en el gobierno de Abdo fue parte del grupo encargado de estudiar la polémica acta secreta que se firmó con Brasil, y que fue causal de un pedido de juicio político.
CONTRADICCIÓN. Otro asunto que puso en aprietos al Gobierno fue la presentación del Presupuesto General de la Nación, donde se plantea el aumento salarial para el presidente, el vicepresidente y los ministros. El ministro de Economía justificó señalando que hay que valorar la primera magistratura y que la solicitud no quebrará el Presupuesto. Es indiscutible que el salario presidencial en Paraguay es bajo. Cualquier barrendero de Itaipú o Yacyretá gana mejor. Se discute la pertinencia del pedido, especialmente porque esta administración pretende hacer de la austeridad un rasgo principal. Si tuvieron que despedir funcionarios de Petropar para sostener la baja de combustible; el aumento salarial es por lo menos inoportuno.
SEGURIDAD. Es más fácil hacer leyes que gobernar. Esta máxima se aplica al ministro del Interior, Enrique Riera, quien como senador se preocupó más en elevar penas a campesinos e indígenas o agitar fantasmas sobre la ideología de género. Siendo responsable de la seguridad, la realidad que le explota en la cara es otra. Empezando por la alarmante corrupción policial. No cierran rutas, pero causan peores daños institucionales al ser parte de la mafia del narcotráfico que tiene en vilo al país. No pasa un día sin que un policía corrupto no sea noticia. Por dar un dato: El comandante de la Policía desmanteló 8 comisarías de Canindeyú, tras el escándalo del nexo policial con el asesino prófugo y narcotraficante Felipe Acosta, alias Macho.
Otra granada que explotó en sus manos fue la violencia intrafamiliar, un grave asunto que el Estado minimiza y del que todos quieren lavarse las manos. Riera inició su mandato apurando el uso de las tobilleras electrónicas para intentar frenar la ola de feminicidios. “Vi los números de la violencia de género y asustan”, dijo alarmado.
Ayer, nada más, hubo un atentado en Pedro Juan Caballero contra la vivienda de dos magistradas, que tienen causas de narcotraficantes. Y el jueves, el ministro de Justicia, Ángel Barchini, descubrió personalmente que las cárceles están gobernadas por el PCC y el clan Rotela durante una visita a Tacumbú.
La realidad tiene la peculiar característica de explotar burbujas discursivas.
JUEGOS DE GUERRA. Como cierre de la semana, se recalentó el incidente diplomático con la Argentina, que sigue con su ilegal decisión de cobrar el peaje en la hidrovía. Una nueva retención de barcazas que transportaban combustible obligaron al Gobierno paraguayo a elevar el tono de la protesta y devolver el pañuelo: Peña anunció medidas de represalia: demanda ante el Tribunal Permanente del Mercosur, la solicitud de un arbitraje en el ámbito de la hidrovía y el retiro de más energía de Yacyretá. De esta manera disminuirá el suministro cedido a la Argentina. Además, se anunció que Paraguay ya no apoyará a Argentina en los organismos multilaterales. “En el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Paraguay NO dará su ‘no objeción’ para las siguientes revisiones del programa que Argentina tiene con este organismo hasta la cancelación de estos atrasos”.
No fue una semana fácil para el presidente, que en sus primeros 100 días necesita hacer goles para mantener la luna de miel con la población.
