ALTO PARANÁ
Tres municipios del Departamento de Alto Paraná –Los Cedrales, O’Leary y Domingo Martínez de Irala– descendieron de segunda a tercera categoría administrativa. La recategorización, dispuesta por el Ministerio del Interior, puso bajo la lupa la gestión de las autoridades locales. El hecho genera preocupación en la comunidad y la Junta Municipal. El intendente de Los Cedrales, Aldo Marecos, dijo que esta medida no responde a una “mala gestión”, como alegan sus detractores en la Junta Municipal, sino a factores estructurales, legales y regionales que, en sus palabras, “escapan muchas veces a la voluntad de las autoridades locales”.
“No depende solamente de nosotros. Ciudad del Este creció mucho y eso nos afecta. Como municipio cabecera, su presupuesto influye directamente sobre los municipios del entorno. Entonces, al subir ellos demasiado y no alcanzar nosotros ese ritmo, terminamos bajando”, expresó.
La clasificación de municipios en Paraguay se basa en parámetros económicos, como el presupuesto anual, la recaudación tributaria y la relación con la ciudad cabecera departamental. Sin embargo, para Marecos, esta fórmula es injusta para distritos como Cedrales, donde factores sociales y legales complican la capacidad de gestión tributaria.
Uno de los principales problemas señalados por el intendente es la falta de titulación de propiedades. Según explicó, más del 60% de los contribuyentes de Los Cedrales viven en terrenos sin título legal, lo que imposibilita su incorporación plena al sistema impositivo. “Tenemos 250 sitios construidos sobre terrenos privados en el centro urbano, y también sectores como San Isidro y Arapatí, donde la mayoría de las propiedades no están tituladas. Y si no hay título, no hay impuesto, pero igual la Municipalidad tiene que dar servicios a todos”, argumentó Marecos.
PANDEMIA. Además, recordó que durante la pandemia, en acuerdo con la Junta Municipal, se redujeron los impuestos locales para aliviar la carga ciudadana, lo que también afectó temporalmente la recaudación. “Eso fue una decisión humana y solidaria, pero que hoy nos pasa factura”, dijo.
El descenso de categoría reavivó las tensiones internas dentro de la Junta Municipal. El grupo autodenominado G5, compuesto por cinco concejales opositores, acusó a Marecos de mala administración y solicitó un informe técnico-financiero detallado sobre los motivos de la recategorización.
Marecos, sin embargo, fue tajante al defender su gestión y señaló que la disputa responde más a cuestiones políticas que administrativas. “Cada uno quiere llevar agua a su molino. Nos tratan de corruptos, pero yo puedo mostrar que desde que asumí en 2016, el salario de los concejales pasó de G. 2,5 millones a G. 5 millones, y el de los jornaleros de G. 800.000 a más de G. 2 millones. Es decir, el presupuesto municipal creció año tras año, salvo los años de pandemia. ¿Dónde está la mala gestión?”, cuestionó.
CONSECUENCIA. Apuntó que la reducción en el número de concejales –una de las consecuencias del cambio de categoría– podría estar afectando intereses particulares dentro de la Junta: “Lo que les molesta no es la categoría, sino que ahora podrían ser menos concejales, y eso significa menos cargos”, disparó.
Contrario a lo que muchos piensan, la baja no implica una reducción directa en los recursos provenientes de royalties o Fonacide, los cuales se calculan con base en la población y no en la categoría. Sin embargo, sí puede representar una pérdida simbólica, institucional y política importante. Además, afecta la imagen del Municipio en la gestión de proyectos y en la distribución de fondos departamentales.
Marecos asegura que la situación es reversible, pero se requiere un trabajo de fondo.
