El equipo fiscal liderado por Yolanda Portillo se constituyó en la sede comunal de Concepción con una orden judicial firmada por la jueza penal de Garantías Honorina Acosta. La investigación se da en el marco de una denuncia formal presentada por ciudadanos concepcioneros.
Portillo y otros funcionarios del Ministerio Público allanaron la sección de archivos de la Municipalidad de Concepción para recolectar datos referentes al uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), informó el corresponsal de Última Hora Justiniano Riveros.
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Un grupo de ciudadanos se manifiesta desde hace 134 días en Concepción exigiendo la intervención de la Municipalidad de Concepción y la renuncia del intendente Alejandro Urbieta, quien soporta varias imputaciones y denuncias.
Entre las quejas ciudadanas figura la venta del puerto Nanawa por USD 700.000 a la empresa TLP. Además, reprochan el pésimo estado de la ciudad, con calles destrozadas y obras mal ejecutadas, sumadas a una supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos.
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Igualmente, resaltan que existen procesos judiciales que soporta el intendente por los supuestos hechos de desacato judicial, apropiación y lesión de confianza.
Alejandro Tati Urbieta dijo, a su vez, que no presentará renuncia y acusó a la ex concejala liberal Myriam Beatriz Denis de Holst de iniciar esta campaña para desprestigiarlo.
