Los allanamientos en simultáneo se llevaron a cabo desde tempranas horas de este viernes en el barrio San Pablo de Asunción y en el barrio San Roque de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Dos personas quedaron detenidas.
La fiscala Analía Rodríguez está a cargo de los procedimientos en el Este del país y la fiscala Irma Llano en la Capital. Ambos allanamientos tuvieron como objetivo A posibles integrantes de redes de pornografía infantil, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.
En los dos operativos se lograron decomisar aparatos informáticos, entre teléfonos celulares y computadoras. En Ciudad del Este quedó detenido Alberto Toledo Rojas, propietario de una vivienda donde se descargaba material pornográfico, según los primeros datos de la Fiscalía.
El hombre cuenta con antecedentes por maltrato a menores (año 2015 y 2019).
Por su parte, la fiscala Irma Llano explicó que el Ministerio Público está decidido a luchar contra la trata de persona y la explotación sexual de niños.
“Detrás del consumo de pornografía infantil siempre hay un niño que ha sido abusado, es la materialización del abuso sexual infantil y es por eso que hay que combatirlo”, manifestó a la prensa.
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En Asunción, un programador informático quedó detenido por posesión de pornografía infantil, pero no descartan otros tipos de conductas penales.
La agente fiscal dijo que se encuentran trabajando a nivel internacional con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Por último, Llano lamentó que para las proveedoras del servicio de internet no es obligatorio el resguardo de tráfico y eso dificulta las investigaciones.
El Operativo Luz de Infancia SE inició en el año 2017 y ya envió a prisión a muchos pederastas de varios países del mundo.
En lo que va del año, el Ministerio Público, mediante sus distintos canales de denuncias, recibió un total de 667 casos de pornografía infantil relativa a niños y adolescentes.
Los casos de posesión de pornografía infantil tienen una pena de tres años, mientras que la producción y distribución, de cinco años. Si la producción del contenido es de los progenitores, se tiene un agravante y la pena será mayor.
