Los expertos legales urbi et orbi se muestran escépticos respecto de la autoridad constitucional del presidente Donald Trump (sin aprobación del Congreso de EEUU) para lanzar acciones militares catastróficas contra países colindantes al Golfo Pérsico, especialmente cuando se trata de una guerra prolongada, mientras la Unión Europea, Gran Bretaña y Australia, entre otros, toman distancia de la conflagración bélica de EEUU e Israel contra Irán y alrededores.
La Casa Blanca no ha presentado una justificación legal al público y el secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco dio un informe completo de ello a los miembros del Congreso, dijeron varias fuentes a CNN. Trump “violó la Constitución al invadir Irán porque la misma es meridianamente clara sobre quién tiene la autoridad para declarar la guerra y comprometer a los militares estadounidenses en guerras internacionales y ese es solo el Congreso”, dijo Christopher Anders, abogado del Sindicato Estadounidense por las Libertades Civiles y experto en asuntos de seguridad nacional. “El presidente ha intentado apropiarse de ese poder sin obtener antes autorización del Congreso”, añadió Anders.
La Constitución de EEUU establece inequívocamente que solo el Congreso puede declarar o autorizar guerras por el mundo. “Esto es, obviamente, una guerra”, dijo Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason e investigador del Cato Institute, un famoso centro de estudios de prestigio internacional. “No tienen que creerme a mí; el propio Trump dice que es una guerra”.
En su mensaje anunciando los ataques la madrugada del sábado pasado, autoridades estadounidenses dijeron: “El régimen iraní busca matar. Se podrían perder las vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas. Eso suele ocurrir en la guerra, pero no lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una noble misión”. CNN se comunicó con el Departamento de Justicia y la oficina del abogado de la Casa Blanca para solicitar comentarios. Si bien sólo el Congreso puede declarar o autorizar la guerra, Trump y otros presidentes han citado continuamente el Artículo II de la Constitución de los EEUU, que dice que el comandante en jefe tiene el poder de dirigir las fuerzas militares estadounidenses en combates necesarios para promover los intereses nacionales en el exterior. Además, la Corte Suprema ha sido generosa al aprobar el uso expansivo del poder por parte de Trump, sobre todo en su fallo de inmunidad de 2024. Esta opinión contribuyó al análisis para avanzar bajo la autoridad del Artículo II cuando Estados Unidos atacó a Irán el verano pasado, según declaró en aquel entonces un alto funcionario de la Casa Blanca.
El artículo II también se utilizó en parte para justificar legalmente la reciente operación militar estadounidense para capturar a Maduro. El Departamento de Justicia emitió una opinión legal clasificada (y posteriormente una versión censurada) que afirmaba que Trump no estaba limitado por la legislación nacional para llevar a cabo operaciones en el extranjero. ¿Qué pasa si el conflicto continúa por más tiempo? El memorando de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia también argumentó que la escala, el alcance y la duración de la operación contra Maduro no alcanzaban el nivel de guerra en el sentido constitucional y, por lo tanto, no requerían autorización previa del Congreso, dijeron las fuentes.
La cuestión de la escala, el alcance y la duración se planteará con las nuevas acciones contra Irán. Trump, en el video que anunció los ataques, describió la campaña militar como “masiva y continua”. Las fuerzas armadas estadounidenses planean varios días de ataques, según fuentes diversas.
“El Departamento de Justicia ha presentado una serie de argumentos cada vez más dudosos en un intento de defender tales ataques, pero prácticamente todos esos argumentos se han basado en afirmaciones de que los ataques fueron limitados y es poco probable que conduzcan a un conflicto más amplio”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Incluso si fuera un argumento legal, en lugar de político, es difícil tomarlo remotamente en serio aquí”, dijo Vladeck. Se citaron los poderes del Artículo II para el uso de la fuerza por parte del presidente George H. W. Bush contra Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega, el uso de ataques aéreos por parte del presidente Barack Obama en Libia y las acciones de Trump en su primer mandato contra Irán y Siria.
“Si bien Estados Unidos no es el policía del mundo, a medida que su poder ha crecido, la amplitud de sus intereses regionales se ha expandido y las amenazas a los intereses nacionales planteadas por el desorden extranjero han aumentado”, escribió la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Trump en 2018 con respecto a los ataques aéreos en Siria.
Además, las administraciones demócratas y republicanas habían ampliado repetidamente la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra el Iraq de 2002, que autorizó la guerra de Iraq. Una Authorization for Use of Military Force (Autorización para el Uso de la Fuerza Militar), que autorizó acciones contra Al Qaeda y grupos asociados, también se ha utilizado más allá de lo previsto en la era posterior al 11-S. Esta abreviatura proviene de los atentados del 11 de setiembre de 2001 (también conocidos comúnmente por los “numerónimos” 11-S o 11S en español así como 9/11 en inglés).
“Creo que se podría discutir su sensatez”, dijo Somin sobre los nuevos ataques estadounidenses. “Ciertamente no se derramaría ni una lágrima si el régimen iraní fuera derrocado. Es un régimen terrible. Es nuestro enemigo, etc., pero la guerra que se ha iniciado aquí es inconstitucional”. Por otro lado, en la información disponible no se identifica a ninguna figura clave, autor intelectual o terrorista principal con el nombre Simon o Somin en relación directa con los atentados del 11 de septiembre de 2001. La investigación oficial del FBI señala a miembros de Al Qaeda, con Mohamed Atta como líder principal de los secuestradores.
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