A criterio del director de Planificación del Ministerio de Justicia, Alejandro Buzó, la masacre que ocurrió en la Cárcel de San Pedro es una fotografía del fracaso del sistema penitenciario y del problema sistémico de la Justicia en el país.
El funcionario consideró que, durante estos últimos 25 años, se realizaron cambios normativos que, a su vez, permitieron el colapso de la administración penitenciaria y el desfase del presupuesto del Ministerio de Justicia.
“Con los cambios normativos que se hicieron, la población penitenciaria tuvo un incremento, casi se duplica la población histórica que se estaba teniendo. A hoy, tenemos casi 13.000 personas privadas de su libertad con procesos abiertos y un total de 16.400, entre condenados”, refirió en comunicación con Monumental 1080 AM.
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Buzó explicó que, a raíz de la superpoblación que existe en el sistema, el presupuesto no alcanza para construir nuevas penitenciarías. Entonces, los recursos disponibles se utilizan para el mantenimiento, reparaciones y alimentación de las personas que se encuentran en los establecimientos existentes.
“Se está haciendo magia con el presupuesto, los guardias ni siquiera tienen un salario suficiente y recién ahora están cobrando una bonificación por exposición al peligro”, señaló.
Pese a las precariedades, el director expresó que se trata de administrar la población existente y la deficiencia de los servicios.
Según datos del Ministerio de la Defensa Pública, actualmente hay 895 casos de presos sin condena que siguen recluidos, pese a que se cumplieron los plazos mínimos de las causas penales.
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Para hacer frente a esta situación, la ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia, anunció este martes que ya presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido oficial para que los reos sin condena sean liberados, pero esta resolución depende del juez de cada causa.
Masacre en Penitenciaría de San Pedro
Un terrible y sangriento motín se registró el domingo 16 de junio en la cárcel de San Pedro. El enfrentamiento se registró entre supuestos miembros del Primer Comando Criminal (PCC) y el clan Rotela.
El incidente dejó 10 muertos y nueve heridos. Los decesos se dieron, en su mayoría, por heridas de armas de fuego y armas blancas.
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A raíz de este hecho, la Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto que declara en emergencia a todos los establecimientos penitenciarios del país.
El documento dispone el apoyo y el empleo de las Fuerzas Públicas, de conformidad a lo establecido en el artículo 226 de la Ley 5162/2014 del Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay, para la custodia y cobertura de seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios.
