Nada les impide a los propietarios de las empresas Insumos Médicos (Imedic SA) y Eurotec SA presentarse en calidad de representantes legales, socios y/o accionistas de otras firmas proveedoras del Ministerio de Salud Pública (MSP), pese a la inhabilitación por 30 meses por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Esto, en virtud de que la “inédita sanción” impuesta a ambas empresas, pertenecientes al denominado clan Ferreira, “se aplica a la persona jurídica investigada, no extendiéndose la sanción a los socios accionistas y directores”, según reza el artículo 72 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Y eso mismo se lo hizo saber, ayer, el Departamento de Acceso a la Información Pública de la DNCP al abogado Ezequiel Santagada, quien el 17 de julio pasado solicitó informe sobre “quiénes son los accionistas y directores de los proveedores del Estado” sancionados.
Además, pidió “cuáles son las firmas proveedoras en las que participan dichos accionistas y/o directores”, entre otros.
En el escrito, deja en claro que el pedido “obedece a facilitar el control ciudadano sobre los eventuales contratos con el Estado en los que las personas relacionadas directa o indirectamente con Eurotec o Imedic pretendan participar”.
La DNCP facilitó los nombres de los socios y accionistas, pero se excusó en dar detalles sobre en qué otras firmas proveedoras tienen participación como parte activa.
El clan Ferreira está compuesto por al menos una docena de empresas comandadas por Justo Ferreira, quien está vinculado a 11 firmas del sector farmacéutico: Flatworld Solutions SA, Survycon SA, Global Pharma SA, Sunderland SA, Metaway SA, Ital Pharma SA, One Pharma SA, JRC Group SA, Pre Pharma SA y Dos Puntos SA, según el informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC).
Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de Imedic SA, aparece como representante legal y/o socia de Global Pharma SA, Metaway SA, Ital Pharma SA y Pre Pharma SA.
Lo propio ocurre con su hermano, Marcelo Ferreira Pascottini, quien preside Eurotec SA y es parte activa de Medicur SA, Metaway SA, Ital Pharma SA y Pre Pharma SA.
En este conglomerado falta Medical Pharma SA, que está siendo investigada junto a Imedic SA y Eurotec SA por “colusión (pacto contra terceros)”, a instancias de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
El director de la DNCP, Pablo Seitz, reconoció –en el día en que se conoció la sanción impuesta a dichas empresas– que los dueños y accionistas de las mismas podrán seguir operando como proveedores del Estado. “La Ley de Contrataciones Públicas habla de los oferentes y los contratistas, no avanza hacia su cuerpo corporativo en el caso de las personas jurídicas; a diferencia de lo que sí ocurre en otros regímenes administrativos”, expuso.
CAMBIO EN LA LEY
Seitz anunció que plantearán –el mes entrante– una modificación legal sobre “inconductas” de empresas proveedoras del Estado para que los nuevos casos ya incorporen la posibilidad de aplicar sanciones a las personas técnicas encargadas de la conducción de las personas jurídicas que provean al Estado. “Es un proyecto grande que plantea tanto cambios operativos como cambios a la Ley de Contrataciones Públicas. En la primera quincena de agosto presentaremos un informe sobre todo el proyecto que estuvimos armando y ahí tendremos bien consolidada la lista de temas, incluso ya los artículos específicos cuyos cambios se proponen”, anticipó.
Hay varias empresas vinculadas a estas dos firmas sancionadas y esas empresas hoy no tienen ningún impedimento legal. Pablo Seitz, director de la DNCP.
