El agente pidió la reapertura de la causa, tras un sobreseimiento provisional y alegó que existen elementos suficientes para que el caso vaya a juicio.
Entre junio del 2020 y marzo del 2021 se hicieron auditorías en la firma, por orden de María Eugenia Acosta, gerente general de la empresa y suegra de Sasiain.
Se detectó comprobantes con firmas ilegibles sin aclaración y que ciertos productos no estaban en la empresa, siendo su hija, Antonella Galli (esposa del abogado) gerente financiera y administrativa.
Primeramente, se corroboró que habría una omisión de facturación de mercaderías, ocasionando en principio un perjuicio de G. 10.157.561.
Ya en octubre del 2021, se elaboraron informes sobre compras de Carbopol 940, supuestamente no autorizadas por la Gerencia General, por más de G. 91 millones.
Surgieron después la sospecha de pagos en catorce cheques que no entraron a las cuentas de la empresa, ascendiendo el perjuicio. Según la acusación, hubo desvío de dinero por la suma de más de G. 230 millones.
El fiscal determinó que Galli actuó en colaboración directa de Sasiain, su esposo, perjudicando supuestamente a la firma Biotécnica SRL un total de G. 331.865.289.
La mujer habría aprovechado “la posición que tenía en calidad de gerente administrativa y sin justificación alguna, dispuso de materias primas, ordenó compras sin justificación y desvió cheques a cuenta no autorizada”, menciona la acusación.
