El proyecto de declaración, presentado por la senadora Yolanda Paredes, señala que los valores vigentes se rigen por la Resolución 866/2013, que fijó los precios de las tierras administradas por el Indert hace 12 años. “Esta resolución es interna y debemos legislar sobre eso para que no se dé lugar a interpretaciones”, indicó.
Precisó que se colocan precios irrisorios a las tierras entre 170.000 y 500.000 la hectárea. “Es inconcebible hablar de esos valores y si el Indert no suspende esa resolución, vamos a seguir repitiendo la misma historia de la concesión de tierras como fue con el último escándalo”, manifestó.
El documento sostiene en la exposición de motivos que la Región Occidental experimentó un fuerte aumento en su infraestructura, especialmente con el Corredor Bioceánico, sus rutas y puentes, lo que generó una importante plusvalía de los inmuebles chaqueños.
Señala además que “quedaron totalmente desfasados”, considerando la inflación acumulada, la valorización del mercado inmobiliario rural y el mayor costo de oportunidad de la tierra. Mantener esos valores implica una pérdida significativa del patrimonio público.
Yolanda recordó que el Indert tiene la obligación legal de proteger y valorizar correctamente los bienes públicos bajo su administración, evitando ventas a precios irrisorios y garantizando que los ingresos reflejen el valor real del mercado.
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La declaración sostiene que la actualización periódica de los precios es una práctica necesaria para asegurar transparencia, eficiencia y sostenibilidad institucional, en cumplimiento de la Ley 2419/04 y el Estatuto Agrario.
“El Indert va a seguir dando curso a adjudicaciones a precios irrisorios y eso ya no se puede permitir. La única manera hasta tanto nos pongamos todos de acuerdo y definitivamente sancionemos un nuevo proyecto de reforma del Estatuto Agrario, que el Indert se abstenga de adjudicar tierras a precios irrisorios”, puntualizó Paredes.
