29 may. 2026

Abogado solicita al Juzgado acceso a carpeta que les deniega la Fiscalía

La familia de Marcelo Pecci, asesinado en Colombia, de nuevo exige un resumen de la causa en nuestro país. El fiscal general respondió que los datos no se pueden brindar: “No tenemos evidencias”, aseguró.

29050835

Sicarios. Siete de los nueve detenidos tienen condena en Colombia por el crimen de Pecci.

ARCHIVO

El abogado Enrique Kronawetter, en representación de Gabriela y Francisco Luis Pecci Albertini, hermanos del asesinado fiscal antidrogas Marcelo Pecci Albertini, presentó ayer una solicitud al Juzgado de Garantías de Turno –ya que la causa Nº 9088/2023 “Personas innominadas s/ homicidio doloso” no tiene un juez a cargo– autorización judicial para acceder a la carpeta fiscal abierta por el Ministerio Público para investigar responsabilidades penales en el homicidio doloso de Pecci.
Ya hubo una negativa de la Fiscalía en junio al pedido de los hermanos a tener información del avance de la investigación, alegando que la calidad de víctima le corresponde a la viuda, Claudia Aguilera; sin embargo, a la abogada de la misma, Cecilia Pérez, tampoco se le permitió acceder a la carpeta.

Kronawetter solicita al juez Penal de Garantías de turno autorización judicial “a los efectos de que el Ministerio Público otorgue información y respaldo documental del avance de la investigación fiscal abierta en la presente causa”. Y cita: “Acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso; cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo ya investigado; qué se pretende conocer respecto a las diligencias pendientes; cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades; el tiempo estimado para qué las evidencias y elementos colectados les permita sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso; contar con un respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía, de modo a que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación que se asume de mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información”.

Ayer, ante un nuevo reclamo de la familia, el propio fiscal general aceptó que no tienen evidencias para encontrar al cerebro del crimen, ocurrido en mayo de 2022.
“Cuando la crueldad es la negligencia, la desidia o la indolencia por parte de las autoridades del Ministerio Público, el estrujamiento del alma no conoce de dolor similar... Nuestra familia hasta hoy no encuentra ni una respuesta procesal ni un trato mínimamente humano que pueda otorgar explicaciones sobre lo que se hizo”, dice parte de un comunicado.

Esto fue ampliado por Kronawetter, quien afirmó que es un “discurso de hipocresía” que los fiscales digan “estamos con Marcelo” y al mismo tiempo cierren las puertas “para que su familia pueda saber qué es lo que pasó y quién dio la orden... eso es lamentable”.

<b>(Es) un discurso de hipocresía decir “estamos con Marcelo” y cerramos puertas para que su familia sepa qué pasó. Enrique Kronawetter, abogado de la familia.</b>

<b>En Paraguay no hay datos</b> <br/>El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, recordó que el crimen ocurrió en Colombia y que lo único que nos liga es “el fallecimiento del fiscal, más la probable existencia de un autor intelectual que está en Paraguay. Muchos datos precisos no tenemos”, lanzó. “Lo que no tenemos es evidencia para proseguir en la segunda parte del eslabón”, aseguró.
29050889

Emiliano Rolón, fiscal.

Más contenido de esta sección
Un Tribunal de Sentencia decretó la extinción de la causa y el sobreseimiento definitivo de un procesado que fue imputado por la Fiscalía a 10 años del hecho. Los jueces entendieron que pasó el plazo máximo del procedimiento penal, ya que tienen la postura que el inicio del proceso se debe contar desde el primer acto coercitivo.
El Tribunal de Sentencia que juzga el caso A Ultranza Paraguay rechazó el pedido de medidas de urgencia para resguardar la integridad física y la vida de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, entre ellas, el cambio de penal. Esto fue apelado y rechazado, por lo que la solicitud será revisada ahora por el Tribunal de Apelación Penal.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, condenó esta mañana a dos años de prisión, con la suspensión de la ejecución de la condena, a los ex ujieres Édgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez, ambos procesados por la mafia de los pagarés en lo relativo al Juzgado de Paz de La Catedral.
El fiscal de Delitos Económicos Silvio Corbeta, quien integra el equipo que investigará al ex presidente del IPS, Jorge Brítez, comentó que la denuncia menciona cinco licitaciones presuntamente amañadas, relacionadas a la limpieza, fumigaciones, lavandería y desinfección, que corresponden al periodo 2025. “La información es muy primaria”, citó el agente.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió desaforar y enjuiciar a la jueza de Paz Carmen Analía Cibils, imputada en la causa de la mafia de los pagarés, en dos nuevas causas. Además, se volvió a pedir a la Corte Suprema de Justicia su suspensión en el cargo.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) despojó de sus fueros a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero Librada Peralta e inició un enjuiciamiento de oficio en su contra. La magistrada está imputada por supuestamente adulterar un certificado para obtener ventaja en una terna del Consejo de la Magistratura.